El costo ambiental de la inteligencia artificial

Según Arrojo, el crecimiento del sector, impulsado por la demanda tecnológica, está ocurriendo con una preocupante falta de transparencia y sin evaluaciones adecuadas de su impacto ambiental y social. El informe destaca que la interdependencia entre agua y energía es fundamental, ya que no hay agua sin energía, ni energía sin agua.

Esta relación, observa el informe de la ONU, se ve comprometida por modelos de desarrollo que priorizan la rentabilidad sobre la sostenibilidad. Los megacentros de datos, que requieren enormes cantidades de agua para refrigerar sus sistemas y de electricidad para mantener su funcionamiento constante, se están instalando incluso en regiones que sufren escasez hídrica crónica. En lugares como Querétaro, en México, la proliferación de estos centros agravó la falta de agua disponible para las comunidades locales. De igual manera, en varios países de América Latina —como Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Honduras— el relator observa que la expansión de esta infraestructura está generando tensiones en la gestión de los recursos hídricos y energéticos, desplazando usos esenciales y vulnerando derechos básicos.

Arrojo Agudo advierte que el problema no se circunscribe a América Latina. Irlanda y España son dos ejemplos de la presión que los centros de datos ejercen sobre los sistemas eléctricos y las fuentes de agua en Europa. En Irlanda, estas instalaciones consumieron en 2023 más del 20 % de la electricidad del país, superando el consumo total de los hogares. Además, el ministro de Medio Ambiente irlandés reconoció que no existe un registro público que detalle las necesidades de energía y agua del sector, lo que refleja la opacidad con la que operan muchas de estas empresas. Esta falta de información impide una gestión racional y justa de los recursos y deja a las autoridades sin herramientas para equilibrar la expansión digital con las prioridades sociales y ambientales.

Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse en 2026, mientras que en Estados Unidos se estima que alcanzará el 12 % del consumo nacional de electricidad en 2028. Este crecimiento genera un efecto en cadena, porque presiona la infraestructura energética, fomenta la construcción de nuevas centrales fósiles y nucleares, y agrava las emisiones de gases de efecto invernadero. Arrojo denuncia que grandes corporaciones tecnológicas están forjando alianzas con la industria de los hidrocarburos e incluso promoviendo la construcción de plantas nucleares para alimentar sus centros, dejando de lado los compromisos internacionales de mitigación climática.

El informe subraya que el problema de fondo es la injusticia en la distribución y el uso de los recursos. Mientras millones de personas carecen de acceso básico al agua potable y a la energía, el sector tecnológico disfruta de tarifas preferenciales y acceso prioritario a estos bienes comunes. En muchos casos, los gobiernos destinan fondos públicos para garantizar el suministro a estas empresas, a costa de la población y del medio ambiente. Arrojo considera que esta dinámica reproduce desigualdades estructurales y erosiona la confianza social.

Ante esta situación, el relator propone una moratoria inmediata a la construcción de nuevos megacentros de datos hasta que se realicen estudios exhaustivos sobre sus impactos hídricos y energéticos, especialmente en regiones vulnerables. Además, pide que los Estados garanticen la transparencia y la participación pública en las decisiones sobre concesiones de agua y energía. Para Arrojo, la rendición de cuentas y el acceso a la información son condiciones indispensables para proteger los derechos humanos al agua y al saneamiento. También recomienda el desarrollo de tecnologías de refrigeración menos intensivas en agua, como los sistemas de circuito cerrado o el enfriamiento por aire, que podrían reducir la huella hídrica del sector.

Arrojo propone reconocer el derecho a la energía limpia como un derecho humano, análogo al derecho al agua potable. Tal reconocimiento obligaría a los Estados a priorizar el acceso universal a ambos recursos, y a limitar los consumos excesivos de industrias de alto impacto.