"La política tiene que tener un gesto cuando le pide sacrificio a la sociedad"

La distorsión de haberes que existe entre los poderes del Estado y sus empresas adquieren mayor dimensión en tiempos en los que la gran mayoría de los agentes estatales no tiene incrementos y pierden poder adquisitivo ante un inflación que ya no es de dos dígitos mensuales como hace poco tiempo pero que también se cuestiona la forma de medir porque el impacto en el bolsillo es mayor al índice que se informa.

Por ello, un grupo de legisladores del Frente Chaqueño presentó un proyecto de ley por el cual se busca establecer un tope salarial transitorio, en una iniciativa que tiene como objetivo buscar una suerte de gesto de parte de la política basado fundamentalmente en las diferencias que existe en lo que reciben los que se desempeñan en entes autárquicos.

NORTE dialogó con el diputado Nicolás Slimel, que expresó que la propuesta surge como respuesta a un proceso de "ajuste y recorte" de parte del gobierno provincial.

"Este año tuvimos un incremento salarial de apenas un 6%, con una inflación que se estima que va a cerrar en más del 30%. Eso significa una pérdida de casi un 24% del poder adquisitivo", advirtió Slimel, al tiempo que enumeró otras medidas que afectaron a los trabajadores, como la suspensión de la cláusula gatillo docente y aumentos continuos en servicios básicos como el de energía eléctrica y el de telefonía e internet.

"Nosotros entendemos que si la política le pide sacrificio a la sociedad, también debe dar una demostración de coherencia. No puede ser que en una provincia como el Chaco, que está entre las más pobres del país, haya funcionarios que cobran 10 o 17 millones de pesos mensuales", señaló.

EL PROYECTO

El texto del proyecto fija el tope salarial en múltiplos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Así, el gobernador percibiría hasta 8 salarios mínimos, el vicegobernador 7, los ministros 6, los secretarios 6 y los subsecretarios 5. También incluye a las autoridades de entes autárquicos, descentralizados y empresas del Estado, donde hoy se concentran las mayores distorsiones.

"La diferencia para el gobernador no es significativa, pero sí para los organismos donde hoy se duplican o triplican los sueldos del primer mandatario, mientras hay gente que no tiene para comer, hay funcionarios que cobraron más de 20 millones de pesos en viáticos o adicionales", denunció Slimel.

El legislador aclaró que la propuesta no busca afectar derechos adquiridos de los trabajadores, ya que se excluyen del tope los conceptos de antigüedad, título y asignaciones familiares. Además, el proyecto prevé que los fondos ahorrados sean de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo, con la condición de que se destinen a sectores vulnerables.

"Uno viene a la función pública con vocación de servicio, para hacer el bien común, no para llenarse los bolsillos. Si queremos un Estado presente y creíble, primero tenemos que dar el ejemplo", sintetizó. La iniciativa invita al Poder Legislativo a la adhesión y también la Justicia, mas como una expresión de deseo que la posibilidad a que se concrete, teniendo en cuenta que el Poder Judicial demandó con resultado a favor al Estado por supuestos bajos salarios, lo que le valió una ley a medida para ajustes automáticos.