Fraude de las empresas tecnológicas a la Ley de la Economía del Conocimiento
La Asociación Gremial de Computación (AGC) denunció a Globant y a otras veinte empresas tecnológicas por estafa fiscal.
El sindicato de los trabajadores tecnológicos denunció a Globant y a otras veinte compañías del sector tecnológico por incumplir los requisitos de la Ley de la Economía del Conocimiento, un régimen que otorga beneficios fiscales a cambio de mantener e incrementar el empleo. El sindicato acusa a estas empresas de aprovechar millonarios subsidios estatales, mientras realizan despidos masivos. La denuncia formal contra Sistemas Globales S.A. (Globant) fue presentada ante la Autoridad de Aplicación de la ley. Según la AGC, la firma dirigida por Martín Migoya incumplió un requisito esencial: sostener o aumentar su nómina de personal. La empresa está inscripta en el Registro Nacional de Beneficiarios (RL-2022-11993041-APN-SSEC#MDP) y recibe recursos del Bono de Crédito Fiscal (BCF), que cubre hasta 70% de las contribuciones patronales.
"Una empresa no puede usar fondos públicos para engrosar su colchón financiero, mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo. Los subsidios fueron otorgados bajo la promesa de crear empleo de calidad, no para financiar despidos", advirtió Ezequiel Tosco, secretario general de la AGC. El sindicato acompañó la denuncia con documentación que prueba la reducción de la plantilla. De acuerdo con un informe de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Globant perdió 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025, incumpliendo el plazo de 60 días que la ley otorga para reponer bajas. Esto vulnera directamente el artículo 4°, inciso III de la Ley 27.506, que obliga a mantener o ampliar la nómina declarada al momento de la inscripción. Para la AGC, los datos confirman una tendencia de ajuste en la empresa, pese a los recursos públicos recibidos. El incumplimiento puede derivar en sanciones severas. La ley prevé la revocación de la inscripción y la pérdida automática de beneficios. Además, la autoridad de aplicación podría aplicar el mecanismo de clawback, que obliga a devolver retroactivamente todo lo percibido de manera irregular:
El total del Bono de Crédito Fiscal. Las reducciones en el Impuesto a las Ganancias. Multas e intereses por la deuda generada.
El sindicato advierte que la cifra acumulada sería millonaria y afectaría los balances de la multinacional. Incluso plantea que la maniobra podría constituir un delito federal, al implicar una asignación indebida de fondos públicos.
