El Senado revirtió otros dos vetos de Milei

   El Senado de la Nación volvió a imponerse al Ejecutivo y rechazó dos nuevos vetos del presidente Javier Milei, apenas semanas después de haber insistido con la ley de Emergencia en Discapacidad. Esta vez, los senadores reafirmaron la ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, que busca recomponer el funcionamiento del Hospital Garrahan y otros centros de salud, y la de Financiamiento Universitario, que garantiza recursos para las universidades públicas.

   Ambas votaciones superaron cómodamente los dos tercios requeridos. En el caso de Pediatría, la insistencia se aprobó con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Para Universidades, el resultado fue 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. La mayoría de las abstenciones provinieron del PRO, en línea con un pedido de Mauricio Macri de no confrontar directamente con el Gobierno. Los únicos que acompañaron al oficialismo fueron los seis senadores de La Libertad Avanza presentes y Francisco Paoltroni, exlibertario que volvió a alinearse con Milei.

   Desde la Casa Rosada evitaron dar pelea en el recinto, conscientes de que no contaban con los números. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el Ejecutivo podría recurrir a la misma estrategia usada con la ley de Discapacidad: demorar la aplicación mediante la reglamentación o limitar su alcance por falta de financiamiento. Un aliado admitió que incluso se evaluó anular formalmente el veto para evitar la derrota parlamentaria, aunque la idea no prosperó.

   La oposición, por su parte, redobló la presión. Con apoyo transversal de radicales y peronistas, el Senado avanzará en una resolución que reclama al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cumplir con el artículo 9 de la ley 27.793, reasignando partidas presupuestarias para su ejecución. El texto también rechaza el decreto 681/2025, que había promulgado pero suspendido la norma de Discapacidad.

   Las dos leyes aprobadas tienen un alcance significativo. La Emergencia en Salud Pediátrica busca recomponer salarios del personal y garantizar recursos para medicamentos, mantenimiento, equipamiento y tecnologías, además de derogar la resolución que modificaba el sistema de becas de residencias médicas. En paralelo, la ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición presupuestaria ajustada por inflación entre mayo y diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales en 2025. También obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes al ritmo del IPC acumulado y a convocar a paritarias en un plazo no mayor a tres meses.

   El conflicto por la ejecución presupuestaria ya tuvo consecuencias políticas: en Diputados avanza la idea de una moción de censura contra Francos, con un primer pedido de interpelación previsto para el 8 de octubre. La oposición busca forzar al Ejecutivo a garantizar los fondos, mientras el Gobierno apuesta a la reglamentación para limitar el impacto fiscal de las leyes aprobadas.