Basura espacial

El 8 de marzo de 2024, una familia que vive en Florida, EEUU, fue víctima directa de la caída de un fragmento procedente de la Estación Espacial Internacional, lo que motivó una demanda contra la NASA. El reclamo exigió la reparación de daños materiales y la compensación por la interrupción de un comercio familiar y la angustia emocional sufrida. Se calcula que, en la actualidad, hay más de 1.2 millones de fragmentos de basura espacial de más de un centímetro orbitando la Tierra. De estos, solo 40.000 objetos —entre satélites operativos, partes de cohetes y restos— son monitoreados por redes especializadas.

Cada nuevo lanzamiento, muchas veces impulsado por empresas privadas, incrementa el riesgo de colisiones y genera nuevos residuos. A esta dinámica se suma el denominado Síndrome de Kessler, un escenario en el que la acumulación de basura en órbita produce una reacción en cadena de colisiones que podría volver inutilizable el espacio que rodea la Tierra durante varios años.

Aunque algunas iniciativas internacionales, como las medidas de mitigación del Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y del Comité Coordinador Interinstitucional sobre Desechos Espaciales, buscan establecer buenas prácticas, lo cierto es que, en los hechos, su cumplimiento es voluntario. No existe un instrumento jurídicamente vinculante que obligue a los Estados o empresas a prevenir o remediar los efectos de sus residuos orbitales.

Lo que sucede es que el marco jurídico espacial internacional vigente fue concebido en las décadas de 1960 y 1970, en plena Guerra Fría. Los cinco tratados espaciales de Naciones Unidas —en particular, el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 y el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de 1972— contienen principios que quedaron desactualizados.

Por ejemplo, el Convenio de Responsabilidad establece que el "Estado de lanzamiento" es responsable por los daños que sus objetos espaciales causen en la Tierra. Esta disposición incluye también las actividades de entidades privadas, lo que significa que si una empresa lanza un cohete y causa daños, el Estado desde donde se efectuó el lanzamiento debe responder. Sin embargo, este régimen se basa en un concepto amplio y parcialmente definido de "objeto espacial" que no contempla adecuadamente los desechos pequeños, difíciles de rastrear o atribuir a un origen específico.

En el caso de Puerto Tirol, aunque el objeto tiene un número de serie y características que podrían permitir su identificación, el proceso para exigir responsabilidad ante el presunto país de origen del cohete se ve obstaculizado por la falta de mecanismos eficaces de cooperación y verificación. Más aún, el tratado no contempla sanciones para los Estados que incumplen sus obligaciones, ni establece un fondo internacional de compensación automática.

La caída de basura espacial demuestra, en los hechos, que existe una asimetría en la gestión de los riesgos del espacio ultraterrestre. Mientras los beneficios económicos y estratégicos de la exploración espacial se concentran en unos pocos países —y cada vez más en grandes corporaciones—, las consecuencias negativas de su actividad afectan de forma indiscriminada a terceros Estados y poblaciones vulnerables.

El incremento de la actividad espacial —impulsado tanto por Estados como por actores privados— requiere una revisión del marco jurídico internacional. De todos modos, vale hacer una aclaración. La probabilidad de que un trozo de basura espacial caiga sobre una ciudad muy poblada es baja, pero no nula. Estudios indican que hay aproximadamente un 10% de probabilidad de que un ser humano pueda ser alcanzado por un fragmento de basura espacial en una década. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que esos desechos caen en el océano o zonas escasamente pobladas, dado que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua o áreas poco habitadas.

La probabilidad de impacto en áreas muy pobladas es aún menor, aunque con el aumento de la cantidad de basura espacial y el incremento de lanzamientos espaciales, el riesgo de que algún fragmento caiga en un lugar habitado podría aumentar.