"Directivos, Regional y Ministerio de Educación son responsables de este hecho"

QUITILIPI (Agencia). La reconocida abogada Adriana Molina anunció que se constituirá como querellante en el caso del menor de siete años que fue víctima de un supuesto abuso en el baño de la Escuela 473. La profesional criticó el accionar del director que junto con la supervisora convocó a la comunidad educativa para narrar su versión de los hechos, a la vez que lamentó la inacción de otros organismos como la Dirección Regional IV-B con asiento en esta ciudad y el propio Ministerio de Educación por no aplicar los procedimientos de rigor.

"La madre del pequeño hizo pública la denuncia al no encontrar eco en la escuela ni en la regional. La parte administrativa del ministerio no está haciendo nada, es como que todo pasa y todo queda, le dan un pase a otra institución y listo. El sistema educativo reclama acción, si se inicia una investigación como tiene que ser, yo lo hubiera apartado al director e iniciar una información sumaria para investigar los hechos acaecidos. Todavía no hay nada, porque si se hubiera instruido una investigación ya la hubieran llamado a la madre a dar una testimonial. No se quieren asumir responsabilidades, a la semana del hecho no tomé conocimiento de nada. Me voy a constituir en querellante, tenemos las pruebas necesarias, esto recayó en Fiscalía 3 pero pasará al Juzgado del Menor y la Familia", relató la letrada.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Molina cargó duramente contra la versión que el directivo ofreció a los padres, considerando que el hecho amerita "ser muy cautos y respetuosos, sin atacar a la familia ni exponer al menor". Insistió también en que "hay una pirámide educativa donde todo director, director regional, supervisor y el ministerio son responsables de todo esto".

Con respecto a la petición de la madre, aseguró: "No hay seguimiento, escrito ni documentación que avale lo del abordaje que explicó el director. El caso es un llamado de atención gravísimo en el sistema educativo; está vigente el protocolo 1982/23 de procedimientos para situaciones problemáticas que consta de 103 páginas, que pareciera que en este establecimiento todos lo ignoran. Espero que la ministra de Educación directamente tome cartas en el asunto. Esto tiene que tener una determinación administrativa, con sanciones para las personas que no actuaron correctamente y la Justicia va a determinar si existió un hecho imputable o no", concluyó.