EEUU retira certificación antidrogas a Colombia
La decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a Colombia de la certificación en la lucha contra el narcotráfico, por primera vez desde 1997, generó una crisis diplomática entre ambos países. La medida del presidente Donald Trump marca un quiebre en una larga tradición de cooperación bilateral y abre nuevos interrogantes sobre el impacto que tendrá en la lucha antidrogas en la región.
Conviene aclarar que el término "descertificación" es la traducción al español del inglés decertification, palabra que proviene del Acta de Abuso Anti Drogas que se aprobó en EEUU en 1986. Según el gobierno estadounidense, el aumento récord en los cultivos de coca y en la producción de cocaína bajo la administración de Petro es el principal motivo de la descertificación. A esto se suma que Washington no está de acuerdo con la estrategia de diálogo del mandatario colombiano con grupos narcoterroristas, la cual ha sido percibida como una concesión a actores ilegales.
Sin embargo, para diversos analistas, la medida va más allá de los indicadores relacionados con el narcotráfico. Señalan que el creciente acercamiento de Colombia a China —especialmente su ingreso en mayo pasado a la iniciativa geoestratégica de la Franja y la Ruta— tensó la relación con Washington, que ve con recelo cualquier alineación de sus socios tradicionales con su principal rival global. En respuesta, el presidente Petro calificó la medida de injusta, anunciando que Colombia dejará de comprar armamento estadounidense y sseguró que el verdadero problema radica en la alta demanda de drogas en Estados Unidos y Europa, y no en la oferta en países como Colombia. Petro también adoptó un tono desafiante frente a la presión estadounidense, afirmando: "A mí no me amenacen, y aquí los espero si quieren", en un discurso que apeló a la soberanía nacional como eje de su postura.
Cabe aclarar que, aunque Estados Unidos concedió una exención parcial que evita sanciones automáticas inmediatas, la descertificación de Colombia genera consecuencias económicas indirectas. Una de las más importantes es el aumento del riesgo país, lo que encarece el acceso a crédito externo y afecta tanto al sector público como al privado. Se estima que el costo del financiamiento para el país podría incrementarse entre un 8% y un 10%, afectando especialmente a empresas pequeñas y medianas endeudadas en dólares.
Además, la medida implica un voto en contra automático de EE. UU. en organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, dificultando la aprobación de créditos y apoyos financieros. Según la Cámara de Comercio Colombo-Estadounidense, Colombia podría perder entre USD 431 y 517 millones anuales en liquidez.
Por otra parte, según los expertos, la desconfianza generada por la descertificación puede alejar nuevos capitales y demorar la recuperación de la reputación económica del país. En un escenario de sanciones plenas, se estima que Colombia podría perder hasta 4.000 millones de dólares en inversión directa. La medida también afectará al turismo en el país sudamericano. Algunos estudios proyectan una caída del 30% al 35% en las llegadas internacionales, con pérdidas que podrían superar los 1.000 millones, agravando el impacto en zonas rurales donde el turismo es una fuente alternativa a los cultivos de la zona.
Desde el punto de vista político, la descertificación representa un duro golpe a la relación bilateral entre ambos países. Colombia considera que la decisión tiene un fuerte componente político y que constituye un castigo dirigido directamente al presidente Petro, más que una evaluación objetiva del compromiso del Estado colombiano con la lucha contra las drogas. De hecho, el propio Departamento de Estado estadounidense reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad colombianas, pero cuestionó el liderazgo del mandatario.
La medida también podría afectar gravemente la seguridad interna del país sudamericano. Organizaciones no gubernamentales que promueven la lucha contra las drogas señalan que los recortes en cooperación podrían debilitar la capacidad del Estado para combatir a grupos armados ilegales y narcotraficantes, lo que facilitaría el avance de economías ilícitas en otras regiones.
La descertificación de un socio estratégico como Colombia —tradicional aliado de EEUU— envía un mensaje a otros gobiernos de la región sobre las consecuencias de alejarse de la línea de política antidrogas respaldada por Washington.
