Semana de alta tensión en un Congreso cada vez más hostil al gobierno

En otra semana de alta tensión política, en la previa a la contienda electoral del próximo 26 de octubre, el Congreso Nacional prepara nuevos "cachetazos" legislativos contra la administración de Javier Milei.

La Cámara de Diputados será el epicentro de un choque que promete profundizar el quiebre entre el Poder Ejecutivo y una oposición que, después del revés oficialista en las elecciones bonaerenses, se muestra más activa y unida.

La delegación chaqueña llega con posturas divididas, pero cuatro de los siete legisladores nacionales ratificarían la sanción original de las leyes.

A su vez, el Senado se apresta para abordar (y muy probablemente rechazar) el veto a la ley de coparticipación de los ATN, iniciativa impulsada por los gobernadores y desestimada por el presidente. El encuentro en la Cámara Alta sería este jueves, pero los detalles se terminarán de pulir en Labor Parlamentaria mañana.

CITA PARLAMENTARIA

A partir de las 13 del miércoles, los diputados se reunirán con un temario cargado de desafíos para el gobierno. La oposición busca revertir los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la de financiamiento universitario.

Para empezar, la sesión requiere quorum, que se alcanza con 129 diputados. Una vez en el recinto, se debatirá la ley de emergencia para la salud pediátrica, impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. La iniciativa exige recursos para salarios y mejoras en el sistema de residencias médicas, con un costo anual de 133.433 millones de pesos. Su aprobación original por 159 votos hace prever que la oposición tiene una buena chance de conseguir los dos tercios.

Otro punto de fricción es el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que busca reabrir paritarias y otorgar fondos para gastos de funcionamiento y becas. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula un impacto de casi 2 billones de pesos, 0,23% del PBI.

RECHAZO A MÁS DECRETOS

Más allá de los vetos, la oposición también apunta a revocar varios decretos. El DNU 383/2025, que permite a la Policía Federal realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales" y requisas sin autorización judicial, encabeza la lista. También buscarán anular el decreto 62/2025, que prohibe las intervenciones de género para menores de 18 años, a pesar de los fallos judiciales que lo declaran inconstitucional.

La sesión también involucra al Instituto Nacional del Agua (INA) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Por último, los diputados avanzan con la reforma a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia. Con una amplia aprobación en el Senado, la iniciativa busca que el Congreso tenga un plazo de 90 días para ratificar los decretos, y no para revocarlos. Esto obliga al Poder Legislativo a tomar una postura activa, para evitar la convalidación de los DNU por omisión.