Migración rural y expansión urbana
Argentina es, paradójicamente, uno de los países más urbanizados del mundo y, al mismo tiempo, uno de los que enfrenta mayores desigualdades territoriales y desafíos en cuanto a calidad de vida urbana. Con más del 94% de su población viviendo en ciudades, el país presenta un patrón de crecimiento urbano caracterizado por la expansión extensiva del suelo urbano, baja densidad poblacional y un acceso desigual a servicios básicos.
Durante las últimas décadas, el sector agropecuario experimentó una transformación como pocas veces se ha visto en la historia. La expansión del cultivo de soja como monocultivo dominante, acompañado por la mecanización y las tecnologías de siembra directa, redujeron drásticamente la necesidad de mano de obra en el campo. Estas modificaciones derivaron en la pérdida de empleos rurales y en el abandono de formas tradicionales de producción más diversificadas y sustentables.
Solo entre 2002 y 2018 desaparecieron más de 83.000 explotaciones agropecuarias, principalmente pequeñas y medianas, como consecuencia de la falta de rentabilidad y la concentración de la tierra en grandes empresas. Las explotaciones se volvieron más grandes y menos familiares, profundizando el proceso de migración rural-urbana. Como resultado, pueblos pequeños quedaron marcados por el cierre de servicios esenciales, la pérdida de identidad y el envejecimiento de su población.
Este fenómeno contribuyó al éxodo rural, al mismo tiempo que reforzó la concentración demográfica en las grandes ciudades. Este crecimiento urbano, lamentablemente, no fue sinónimo de desarrollo. El crecimiento urbano fue extensivo en superficie pero débil en planificación e infraestructura, lo cual dio lugar a ciudades cada vez más dispersas y socialmente fragmentadas.
Entre 2001 y 2010, el área urbanizada en muchas ciudades del país creció tres veces más rápido que la población. Este tipo de expansión horizontal, con baja densidad poblacional (muy por debajo del umbral óptimo de noventa habitantes por hectárea), implica mayores costos para el Estado en materia de infraestructura (agua potable, cloacas, energía, transporte y recolección de residuos). En muchas ciudades, sobre todo en las periferias urbanas, estos servicios básicos están ausentes o son insuficientes, lo cual limita severamente las oportunidades de desarrollo de sus habitantes.
Cuando las familias migran del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, pero se encuentran con barrios sin servicios, sin transporte accesible y sin empleo formal, la movilidad social es prácticamente imposible.
Las distintas regiones experimentaron un crecimiento urbano acelerado en las últimas décadas, en parte debido al desplazamiento rural, pero sin los recursos necesarios para acompañar ese crecimiento con inversión en infraestructura y servicios públicos. La combinación de ciudades fragmentadas, servicios básicos deficientes y baja generación de empleo de calidad no hace más que agravar la pobreza estructural. Además, el abandono de los pueblos rurales generó la pérdida de identidades culturales y saberes locales, en un proceso que también afectó el entramado social y económico de las comunidades más pequeñas.
Revertir el despoblamiento rural y el crecimiento urbano desordenado no es tarea sencilla, pero es indispensable. En primer lugar, se requiere de políticas públicas que promuevan un desarrollo territorial más equilibrado, fortaleciendo la infraestructura y los servicios en pequeños pueblos y zonas rurales.
Por otro lado, es necesario repensar el modelo de crecimiento urbano, es decir, planificar las ciudades con criterios de sostenibilidad y equidad con el objetivo de mejorar el acceso a servicios y generar entornos más propicios para la integración de los distintos sectores de la sociedad.
Existen, afortunadamente, ciertos indicios como el "renacimiento rural" que se ha observado en algunos territorios tras la pandemia —impulsado por la búsqueda de mayor calidad de vida en entornos naturales—, que pueden ser aprovechados como oportunidad. Pero para que este fenómeno se consolide, es fundamental garantizar conectividad, servicios básicos y acceso a oportunidades en esos lugares.
Argentina tiene el octavo territorio con mayor superficie del mundo, aunque es un país altamente urbanizado, pero con bajo desarrollo urbano. La migración campo-ciudad, impulsada por cambios en el modelo productivo, ha concentrado la población en ciudades que muchas veces no están preparadas para integrarla de manera digna. Revertir esta situación exige una mirada territorial integrada, políticas públicas sostenidas y una planificación urbana que privilegie la equidad y la sostenibilidad por sobre el crecimiento puramente físico de las ciudades.
