Definieron a los nuevos integrantes del Comité Provincial contra la Tortura

La Cámara de Diputados del Chaco culminó el proceso de selección para la renovación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura para el período 2025-2029. Tras un riguroso concurso público de antecedentes y oposición realizado por un tribunal ad hoc, se designó como miembros titulares a Darío Gómez; Romina Duarte; Roberto Sotelo; Santiago Osuna; y Mónica Charole (representante de Pueblos Originarios), junto a tres suplentes para el mismo período.

El proceso incluyó evaluaciones técnicas, entrevistas, impugnaciones y análisis de planes de gestión a 51 postulantes, garantizando representatividad regional, de género y de pueblos originarios. 

Tras esto, el Tribunal elaboró el orden de mérito y designó además, a los miembros suplentes Mónica Noemí Caballero – Representante de Pueblos Originarios; María José Bogado; y Maximiliano Santiago Almirón. 

EL PROCESO

El procedimiento, en cumplimiento de la Ley N° 3264-B, fue conducido por el Tribunal Ad Hoc integrado por las diputadas provinciales, Zulma Galeano y María Pía Chiacchio Cavana; Macarena Hofmann Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Luciano Hazán, en representación de la Defensoría General de la Nación; el especialista en DDHH Enrique Font; Hugo Maldonado, por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco; Juan Manuel Irrazabal por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura; y el equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Durante el concurso se recibieron adhesiones e impugnaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas y otras rechazadas tras entrevistas y análisis documentales. Las evaluaciones incluyeron la valoración de formación académica, experiencia profesional, trayectoria en derechos humanos y la presentación de un Plan Estratégico de Gestión, además de entrevistas personales y defensa oral de propuestas.

El Tribunal resaltó que la integración final asegura la representación de pueblos originarios, la equidad de género y una distribución regional equilibrada, además de priorizar perfiles con integridad ética, compromiso democrático y amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos.