La investigación de la tragedia se cruza con la campaña electoral
El escándalo por el fentanilo contaminado, que ya dejó al menos 100 muertos en Argentina, se transformó en un arma política en plena campaña bonaerense y amenaza con tensar la alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

Todo comenzó cuando la diputada del PRO, Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, pidió crear una comisión investigadora en el Congreso para determinar responsabilidades, especialmente del gobernador Axel Kicillof. El oficialismo libertario aceptó un pedido de informes, pero mira con recelo el avance hacia una pesquisa legislativa que podría complicar no solo al ministro de Salud bonaerense, Mario Lugones, sino también a la propia Bullrich, por el rol del Ministerio de Seguridad en el control de drogas peligrosas.
La trama política
En su lanzamiento de campaña en Buenos Aires, Javier Milei respaldó el relato de Bullrich, señalando presunta responsabilidad de Kicillof. Argumentan que el juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y que los laboratorios implicados —HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A.— son proveedores de la provincia.
Giudici propuso que la comisión investigue la producción y comercialización de fentanilo, así como la actuación de organismos de control. Bullrich, por su parte, denunció vínculos de los laboratorios con el narcotráfico ante el juez Sebastián Casanello, por supuestamente enviar residuos de medicamentos a Paraguay.
Sin embargo, el proyecto de Giudici quedó trabado: fue girado a comisiones presididas por Silvia Lospennato (PRO) y José Luis Espert (LLA), pero luego retirado de la de Presupuesto. En la última sesión, Giudici intentó forzar un tratamiento cuando ya no había quórum.
Finalmente, firmó junto a Unión por la Patria (UP) un pedido de informes con 26 preguntas al Ministerio de Salud y a la ANMAT. Buscan saber por qué, tras una advertencia en noviembre, la inhibición de los lotes sospechosos se hizo recién en febrero, permitiendo su distribución.

Cruce de responsabilidades
En UP ven la comisión investigadora como una oportunidad para citar a funcionarios de Anmat, la Procuraduría de Narcocriminalidad y el Ministerio de Seguridad. Victoria Tolosa Paz recordó que la importación de fentanilo pasa por Aduana y Drogas Peligrosas, bajo control de Bullrich.
Desde LLA, en cambio, prefieren dilatar la comisión y concentrarse en el pedido de informes, temiendo que la investigación salpique a aliados. El oficialismo sostiene que las contrataciones de laboratorios en provincias son discrecionales, mientras que el peronismo responde que la responsabilidad primaria es de Anmat, ya que controla la trazabilidad y calidad de medicamentos.
El caso judicial
Según el gobierno, el laboratorio HLB Pharma, de Ariel García Furfaro, produjo el fentanilo contaminado que provocó las muertes. Se hallaron bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en cinco lotes distribuidos a ocho hospitales y centros de salud antes de que Anmat clausurara la planta en febrero. La presidencia afirma que el cierre fue previo a las primeras muertes, pero la oposición cuestiona la demora en la respuesta sanitaria.
En paralelo, 24 personas están bajo investigación judicial. Entre ellas, directivos de laboratorios y distribuidores.
Impacto electoral
Milei llevó el caso a la campaña. En un acto en La Plata, acusó a aliados de Cristina Kirchner de encubrir a Furfaro, calificando el hecho como un "atroz encubrimiento" y usando el lema "Kirchnerismo, Nunca Más" como bandera.
Las elecciones legislativas del 26 de octubre medirán su popularidad tras dos años de ajuste fiscal, pero antes, el 7 de septiembre, se celebrarán comicios clave en la provincia de Buenos Aires, principal bastión peronista. La gestión de Kicillof y el caso fentanilo serán parte central del debate.

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