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Crisis en Vassalli

Trabajadores sin cobrar y sin respuestas

La ciudad santafesina de Firmat amaneció el miércoles con neumáticos encendidos y una protesta visible a la vera de la Ruta Nacional 33, frente a la planta de cosechadoras. El reclamo: salarios adeudados y falta de respuestas por parte de la empresa dirigida por la familia Marsó.

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   "Estamos acá porque la gente tiene hambre. Queremos que Eduardo Marsó dé la cara", afirmó Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat. Según el gremio, la firma debe parte de junio, todo julio y el aguinaldo. La propuesta de pagar 300 mil pesos la semana próxima fue considerada insuficiente por los 280 empleados, que temen por la continuidad de sus puestos.

   La tensión se agravó tras una audiencia este martes en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en Rosario, donde el gremio esperaba un plan de pago y proyección de producción. Sin embargo, los dueños no asistieron y enviaron a dos representantes sin poder de decisión. "Es una falta de respeto. Es la cuarta vez que citamos a una reunión y nunca vinieron", denunció Romero.

   La crisis ocurre en un contexto adverso para la maquinaria agrícola nacional: apertura importadora, ventas deprimidas por la sequía y un recuerdo reciente del concurso preventivo que atravesó la empresa en 2018, cuando la planta estuvo tomada 36 días por sus trabajadores.

   Además de los sueldos, la compañía arrastra atrasos en aportes a obra social, seguridad social y seguro de vida. Hace diez días también demoró el pago de mayo, lo que derivó en un quite de colaboración. Según el gremio, esa vez el dinero apareció a las pocas horas, lo que interpretan como una maniobra deliberada.

   Romero subrayó que la principal preocupación es la falta de proyección de ventas y trabajo. "Esto ya lo vimos en 2018. La maniobra es la misma: sin producción y sin certezas para el futuro", advirtió.

   El dirigente remarcó que el sindicato quiere que Vassalli siga operando, por su peso en la economía local, pero exige "reglas claras y una mesa de diálogo". También reclamó que, si la empresa realmente no puede pagar, lo comunique al gremio para buscar soluciones conjuntas.

   La UOM alerta que los incumplimientos en aportes constituyen retención indebida, un delito penal que además pone en riesgo la cobertura médica de los trabajadores. El gremio insiste en que la situación no puede sostenerse sin un compromiso serio de la patronal.

   Por ahora, la protesta frente a la fábrica se mantiene, con la expectativa de que la familia Marsó rompa el silencio. Mientras tanto, la incertidumbre crece y el futuro de Vassalli vuelve a quedar en duda, como ya ocurrió hace siete años.

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