La justicia chaqueña se prepara para el efecto del fallo que absolvió al cura abusador IIarraz
La justicia chaqueña permanece atenta al impacto del fallo en el caso del expárroco Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores en un seminario en Paraná, Entre Ríos.
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A principios de mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió sobreseerlo por prescripción, generando incertidumbre y reacciones en todo el país.
En el ámbito legal, suele decirse que "la mitad de la biblioteca judicial está para un lado y la mitad para el otro", aludiendo a la profunda división doctrinaria sobre si los delitos de abuso sexual en la infancia (ASI) deben prescribir o no. Algunas corrientes defienden la imprescriptibilidad, mientras que otras apelan al respeto de las normas procesales vigentes, lo que ha derivado en absoluciones, condenas y también en la implementación de juicios por la verdad.

Este tipo de juicio no busca una pena penal sino establecer los hechos, reconocer públicamente el abuso, y ofrecer reparación simbólicaa las víctimas, incluso si el delito ha prescrito.
En 2015, se impulsó la ley 27206, conocida como "Respeto a los tiempos de las víctimas", que modificó los plazos de prescripción.
Desde entonces, el tiempo comenzó a contarse desde el momento de la denuncia, reconociendo que muchas víctimas tardan años o décadas en poder verbalizar lo ocurrido. Aunque inicialmente se buscaba la imprescriptibilidad absoluta, no se logró. Y con este nuevo fallo de la Corte muchos consideran que se han retrocedido derechos conquistados.
En ese contexto, todavía no hay planteos de revisión de condenas en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ), pero recibió pedidos de la CSJN en cinco causas con recurso de queja.
El más antiguo de Argentina
El Chaco ha sido referente en la investigación y sanción de abusos sexuales, con jueces y fiscales probos que lograron llevar al banquillo a perpetradores del entorno más cercano de las víctimas. Tal es el caso del exdiputado nacional Daniel Pacce (ya fallecido), vinculado a la causa más antigua de abuso sexual infantil en el país, ocurrida en las décadas del ’80 y ’90.

Las víctimas Rosalía Alvarado y Belén Duet denunciaron que entre 1979 y 1986, cuando tenían entre 3 y 6 años, fueron abusadas por Noemí Alvarado (tía de Rosalía) y su esposo Daniel Pacce, quienes eran allegados de ambas familias en Resistencia.
En 2016 presentaron la denuncia. Tras un arduo proceso judicial, que incluyó archivo de la causa, lograron justicia en 2021: Noemí Alvarado fue condenada a 7 años de prisión por corrupción de menores y por haber sido partícipe necesaria de los abusos sexuales perpetrados por Pacce durante cinco años. Hoy, por su edad (86 años), cumple prisión domiciliaria.
¿El mismo camino?
La defensa de Alvarado espera que, tras el fallo de la Corte Suprema que sobreseyó a Ilarraz, se revise también esta condena, basándose en el argumento de que estos delitos no pueden compararse con crímenes de lesa humanidad, los únicos que no prescriben jurídicamente en la Argentina.
El fallo de la CSJN ha generado un punto de inflexión en el abordaje judicial de los delitos sexuales contra menores. Si bien el Chaco ha demostrado compromiso con las víctimas y ha avanzado en causas históricas, el debate sobre la prescripción sigue abierto, tensionando principios de justicia, reparación y legalidad.
El plan de una víctima para
encontrarlo 30 años después
La ley de "Respeto a los tiempos de las víctimas", sancionada en 2015, se estrenó en el Chaco, dos años después. Otra vez, esta provincia abría jurisprudencia con una víctima que esperó pacientemente a su abusador y logró atraparlo. V.C.G entre 1992 y 1995, sufrió abusos desde los 6 a los 9 años, por parte de su padrastro Miguel Ángel Frutos, alias "Nene".
El 22 de octubre de 2017, los argentinos volvíamos a votar y la sobreviviente buscó en el Padrón Electoral y halló a ‘Nene‘: debía votar en una escuela del barrio Independencia, en Resistencia. La mujer que en ese entonces tenía 35 años lo buscó todo este tiempo hasta encontrarlo vivo. Ella solicitó ser fiscal general de las elecciones nacionales. Lo esperó en la mesa de votos en una escuela del barrio Independencia, y sus compañeros le sacaron una foto y un día después lo denunció.
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