Histórico fallo sobre crisis climática
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, emitió esta semana una opinión consultiva que aporta una nueva mirada del derecho internacional frente a la crisis climática. Si bien la opinión no es jurídicamente vinculante, tiene un enorme valor normativo y simbólico ya que, por unanimidad, los 15 jueces del tribunal declararon que los Estados que no actúan frente al cambio climático violan sus obligaciones internacionales y pueden incurrir en responsabilidad legal por los daños ocasionados.
La iniciativa presentada ante la Corte fue impulsada por la República de Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico Sur amenazado por el aumento del nivel del mar. El caso fue respaldado por más de 130 países, lo que demuestra el interés de la comunidad internacional por obtener una interpretación legal sin ambigüedades sobre las responsabilidades climáticas de los Estados.
La novedad está dada por el hecho de que la Corte internacional reconoció el cambio climático como una amenaza urgente y existencial, cuyas consecuencias afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. Esta definición refuerza la gravedad del problema y exige respuestas jurídicas acordes a su magnitud. El tribunal afirmó que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC, como lo establece la ciencia climática y el Acuerdo de París.
El dictamen establece que los Estados deben prevenir daños al ambiente, obligación que se extiende específicamente al sistema climático. Según la CIJ, no cumplir con esta obligación constituye un "acto internacional ilícito", lo que abre la puerta a que los Estados afectados exijan reparaciones, incluyendo indemnizaciones, restituciones y otras formas de compensación.
Sin embargo, la Corte subrayó que para que proceda un reclamo legal, debe probarse una relación causal directa entre el acto ilícito y el daño causado. Este punto, aunque legalmente complejo, no es imposible de demostrar, según los jueces. Este matiz establece criterios para futuros litigios en los que se busque responsabilizar a Estados altamente contaminantes por los impactos del cambio climático, en especial en países vulnerables como los pequeños Estados insulares.
Otro aspecto importante es que la Corte reconoció el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano fundamental. Este reconocimiento fortalece el marco legal para exigir medidas concretas contra el cambio climático y para responsabilizar a los Estados que no cumplen con sus deberes. Aunque la opinión consultiva no tiene fuerza legal obligatoria, su peso normativo no es menor. Como pronunciamiento de la más alta instancia judicial de las Naciones Unidas, esta interpretación del derecho internacional puede influir en tribunales nacionales y regionales, y servir de guía en litigios climáticos futuros.
La CIJ también advirtió que las obligaciones climáticas no están limitadas únicamente a los países que han firmado tratados como el Acuerdo de París. Según la Corte, los principios del derecho internacional consuetudinario -es decir, normas que son aceptadas como obligatorias, aunque no estén escritas en tratados- también imponen deberes equivalentes en materia climática. Esto extiende la responsabilidad a todos los Estados, incluidos aquellos que se han desentendido de compromisos internacionales, como fue el caso de Estados Unidos durante la actual presidencia de Donald Trump. Además, se hizo un llamado explícito a los países del norte global -mayores responsables históricos de las emisiones- para que lideren las acciones de mitigación y cooperación internacional. Esto refuerza el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ampliamente defendido por los países en desarrollo.
Cabe destacar que es la primera vez que un órgano judicial de la ONU declara que el incumplimiento de los deberes climáticos internacionales puede acarrear consecuencias legales, incluida la obligación de compensar a las naciones más afectadas.
Los países vulnerables, que durante años han reclamado justicia ante la devastación causada por fenómenos climáticos extremos, encuentran ahora una herramienta legal de peso para fundamentar sus reclamos. Dicho de otro modo, la opinión de la CIJ ofrece una base sólida para exigir compromisos más ambiciosos y acciones concretas por parte de la comunidad internacional.
En definitiva, aunque no vinculante, esta decisión de la Corte Internacional de Justicia sienta un precedente jurídico histórico que sienta un precedente en relación a una mayor responsabilidad climática entre los Estados y, al mismo tiempo fortalece la arquitectura legal global para enfrentar una de las crisis más apremiantes del siglo XXI.
