Robo de identidad, un delito que crece

Según el informe anual de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), en 2024 se recibieron más de 34.000 denuncias por delitos informáticos en Argentina, lo que representa un incremento del 21,1% respecto al año anterior. Dentro de estas cifras, el robo de identidad y el fraude en línea figuran como las modalidades más reportadas, con el fraude online abarcando el 63% de los casos denunciados. Este tipo de delitos incluyen compras falsas, estafas piramidales, maniobras en homebanking y uso indebido de información robada para engañar y perjudicar a las víctimas.

El robo de identidad consiste en la apropiación de datos personales ajenos para utilizarlos sin autorización, generalmente con fines delictivos. Puede comenzar con algo tan simple como el extravío del DNI, o con el acceso a bases de datos que contienen información sensible. Un ejemplo crítico ocurrió en abril de 2024, cuando se filtraron dos bases masivas: una con 6 millones de imágenes de licencias de conducir y otra con 65 millones de registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Entre los datos expuestos se encontraban nombres, fechas de nacimiento, direcciones, números de DNI y hasta información de personal militar y extranjeros residentes.

Estas filtraciones aumentaron el riesgo de suplantación de identidad, facilitando fraudes como el uso indebido de documentos para solicitar préstamos, abrir cuentas bancarias o realizar compras. En otras palabras, las víctimas de este delito pueden enfrentar consecuencias como compras no autorizadas, uso fraudulento de tarjetas y solicitud de créditos a nombre de la víctima, lo que afecta su historial crediticio que, a su vez, dificulta obtener financiación legítima en el futuro. Pero eso no es todo. En casos extremos, la persona afectada por este tipo de maniobras fraudulentas puede ser falsamente vinculada a actividades delictivas, a lo que se debe sumar llamadas de cobradores, restricciones crediticias y pérdida de tiempo en gestiones legales y bancarias.

Ante este panorama, es fundamental implementar medidas de prevención para reducir los riesgos. Algunas recomendaciones clave incluyen medidas como el uso de contraseñas seguras y diferentes para cada servicio, actualizándolas periódicamente. También es muy importante activar la denominada autenticación multifactor en todas las plataformas posibles, limitar la exposición de datos personales en redes sociales y otras plataformas públicas, evitar compartir el DNI completo o eliminar partes sensibles si se necesita compartirlo digitalmente, proteger dispositivos electrónicos con contraseñas, antivirus y actualizaciones constantes, usar redes Wi-Fi seguras para proteger la navegación en lugares públicos, revisar los permisos de aplicaciones y descargar solo desde fuentes oficiales.

Hay que tener en cuenta que es necesario denunciar de inmediato cualquier actividad sospechosa relacionada con la suplantación de identidad. Una herramienta relevante para enfrentar este tipo de delitos es el Registro de Documentos de Identidad Cuestionados, donde se puede inscribir un DNI extraviado o robado. Este trámite es gratuito y funciona como una alerta para bancos y entidades financieras, que están obligadas a verificar si un documento presentado en una solicitud figura en este registro antes de otorgar un crédito o producto financiero.

El robo de identidad representa un desafío que requiere tanto políticas públicas efectivas como un alto nivel de conciencia de cada uno de los usuarios. La exposición masiva de datos personales, sumada al crecimiento del ciberdelito, hace indispensable que los ciudadanos adopten hábitos digitales responsables y estén atentos a cualquier señal de fraude. La prevención, la educación digital y la acción rápida ante incidentes son las principales defensas contra un delito que puede alterar profundamente la vida de sus víctimas.

Además de las medidas individuales, es fundamental que las instituciones públicas y privadas asuman un rol activo en la protección de los datos personales. Esto implica reforzar los sistemas de seguridad informática, invertir en tecnologías de cifrado, capacitar a su personal en ciberseguridad y garantizar una gestión responsable de la información que manejan. Las filtraciones de datos masivas ocurridas en 2024 dejaron en evidencia serias fallas en la infraestructura digital del Estado nacional, lo que requiere una revisión profunda de los protocolos actuales y una actualización urgente de las normativas sobre protección de datos.