Orgullo y reclamos en el 20° aniversario de la Comisión por la Memoria
Con un acto en la sede del organismo, la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco (CPM) conmemoró los veinte años de la sanción de la ley 5582/05 que la creó en 2005, junto con el Registro Único de la Verdad.
Desde el sitio de la ex Brigada de Investigaciones, referentes de organismos de derechos humanos, militantes, legisladores y exlegisladores provinciales, como Daniel San Cristóbal y Carlos Martínez, protagonizaron una jornada atravesada por una doble dimensión: el orgullo por lo construido y la preocupación por el deterioro edilicio, el desfinanciamiento y la precarización laboral que afectan hoy a sus espacios en Resistencia y Sáenz Peña.
Por los organismos de DDHH estuvieron presentes Mario Esper, presidente de la CPM en representación de exdetenidos políticos, Armando Benítez (Comisión Permanente por los Derechos Humanos), Santiago Osuna (H.i.j.o.s. Chaco) y Mauricio Amarilla (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), entre otros.
LUCHA DE AÑOS
"Ni bien recuperada la democracia, uno de los sueños de los sobrevivientes fue saber qué había pasado con los compañeros desaparecidos. Acá, en el Chaco, la Masacre de Margarita Belén fue un símbolo. Frente a esta casa, con una cruz de quebracho, empezamos a juntarnos para homenajear a los caídos. Después, este lugar de terror se transformó en un lugar de memoria", relató Armando Benítez.
También recordó que gracias al impulso de los organismos y al informe sobre delitos de lesa humanidad elaborado por la Legislatura y la Comisión de DDHH se lograron abrir causas como las de Margarita Belén y Caballero, que permitieron llevar a juicio a responsables del terrorismo de Estado.
INSTITUCIÓN ICÓNICA
Por su parte, Santiago Osuna destacó la singularidad institucional del organismo: "La CPM, sancionada por ley, solo existe en tres provincias: Chaco, Córdoba y Buenos Aires. Es una institución de DDHH con una fortaleza única, construida a través de décadas de lucha de sobrevivientes y familiares, primero en soledad, después con una comunidad que se fue sumando".
Durante el encuentro se leyó un documento conjunto que expresó con contundencia: "Desfinanciar, desorganizar y desarmar estos espacios implica un golpe a la memoria colectiva y, por ende, a la identidad y a los derechos de la comunidad".
Benítez recordó que la ley fundacional establece que el Estado debe financiar el funcionamiento de la CPM a través del Ministerio de Educación. "Nunca llegamos a judicializar esa falta de provisión de recursos, pero si no hay otra alternativa, lo haremos", afirmó.
