Sostenibilidad fiscal en clave federal
El gobierno del presidente Javier Milei celebra con insistencia el logro de un equilibrio fiscal que, según sus propias palabras, representa el principio del saneamiento de las finanzas públicas argentinas. Sin embargo, detrás de esa imagen de solvencia económica emergen fuertes cuestionamientos desde las provincias, que acusan al Ejecutivo nacional de sostener ese superávit a través de la retención indebida de recursos que legal y constitucionalmente les pertenecen. Este conflicto pone en evidencia tensiones entre el gobierno central y los distritos provinciales y, al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia fiscal adoptada por la Nación.
El nudo del problema radica en la apropiación por parte del gobierno nacional de fondos que las provincias consideran que deben ser distribuidos automáticamente. Se trata, principalmente, de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), diversos fondos fiduciarios y una porción del impuesto a los combustibles. Estos recursos, según lo dispuesto por la normativa vigente, deberían llegar sin discrecionalidad a las provincias para financiar funciones esenciales del Estado como salud, educación, seguridad y obras públicas.
La Cámara Alta del Congreso de la Nación, a instancias de los gobernadores, aprobó por unanimidad proyectos de ley que obligan al Ejecutivo a girar estos recursos de forma automática. No obstante, el gobierno de Milei anunció que vetará estas normas y recurrirá a la vía judicial, profundizando así el conflicto institucional. Esta postura ha sido calificada por los gobernadores como una agresión directa al federalismo y una amenaza a la sostenibilidad financiera de las jurisdicciones que administran.
El argumento de los mandatarios provinciales es que el superávit fiscal nacional se construye a costa de las provincias. Al retener fondos que legalmente deberían estar en manos de los gobiernos subnacionales, el Ejecutivo central mejora artificialmente sus cuentas, pero genera déficits provinciales. En este sentido, el equilibrio de la Nación se logra mediante el desequilibrio de las provincias, una estrategia que compromete seriamente el principio federal que rige la organización política argentina.
La consecuencia directa de esta política es la pérdida de autonomía financiera de las provincias. Al verse privadas de recursos propios, las jurisdicciones se ven forzadas a depender de transferencias discrecionales, lo que limita su capacidad de planificación y gestión. Muchas enfrentan dificultades para afrontar gastos esenciales, como el pago de salarios y el mantenimiento de servicios básicos. En algunos casos, deben recurrir a aumentos impositivos o recortes en programas sociales, generando un círculo vicioso de deterioro fiscal y social.
Además, la eliminación o el vaciamiento de instrumentos como los fondos fiduciarios destinados al mantenimiento de rutas, también ha sido objeto de fuertes críticas. Lejos de significar una mejora en la eficiencia del gasto público, estas decisiones han paralizado obras clave, afectando la infraestructura y los servicios en muchas regiones del país. Los gobernadores señalan que no piden privilegios ni subsidios, sino simplemente el cumplimiento de normas vigentes que establecen la distribución de recursos en base a criterios objetivos y automáticos.
El conflicto también tiene una dimensión política. La tensión entre Milei y los gobernadores se ha intensificado, al punto de generar episodios de fuerte simbolismo, como la cancelación de la participación presidencial en el acto por el Día de la Independencia en Tucumán. Aunque el Ejecutivo alegó razones climáticas, se sabe que la escasa asistencia de mandatarios provinciales fue determinante en la decisión. Este distanciamiento refleja el deterioro del vínculo entre la Casa Rosada y las provincias, y pone en riesgo la gobernabilidad en un contexto donde Milei carece de mayoría en el Congreso y necesita acuerdos para avanzar con su agenda.
Cabe recordar que, como se dijo, las provincias tienen una responsabilidad mayoritaria en la ejecución de políticas públicas fundamentales. Son ellas las que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado en áreas críticas. Por eso, la demanda de equidad en la distribución de recursos es legítima e imprescindible para preservar el pacto federal.
Si el equilibrio fiscal que celebra el gobierno nacional se sostiene en gran medida por la apropiación de recursos que deberían formar parte de las arcas provinciales, entonces más que un logro estructural, el superávit fiscal aparece como un resultado transitorio y artificial, construido a expensas del deterioro financiero de las provincias y del debilitamiento del federalismo. Si la Nación pretende consolidar una política fiscal sustentable, deberá abandonar la lógica del centralismo fiscal y avanzar hacia una distribución equitativa, transparente y automática de los recursos. Porque no puede haber equilibrio real si se construye sobre el desequilibrio ajeno.
