La banalización de la casta
"Los colegios profesionales también son la casta", manifestó la diputada nacional Marcela Pagano (integra el bloque de La Libertad Avanza), en su intento por desprestigiar a instituciones que en todo el país brindan un servicio social trascendente, como es el control de las matrículas profesionales (sin los Colegios profesionales los casos como el de Giselle Rímolo se multiplicarían), la defensa de los colegiados y la protección de los usuarios de los servicios profesionales en cualquier provincia argentina.
Si por casta se entiende a un grupo social, privilegiado, que vive separado del resto de la sociedad, que debe mantenerlos, no es una definición que se pueda aplicar a los colegios profesionales, que autogestionan un tema tan sensible como el ejercicio profesional, sin que ninguno de sus integrantes, perciba un peso por sus actividades, ya que sus cargos directivos, no son remunerados.
Los colegios son espacios de autogobierno democrático, de encuentro y formación profesional.
Trivializar sus actividades y sus aportes al bien común, bajo la estigmatización de conformar una casta, denota desconocimiento, prejuicios y pésimo uso del lenguaje.
Pagano banalizó el vocablo "casta" al justificar la presentación de su proyecto de ley 1167 D - Año 2025, por el que desempolva una vieja y fracasada iniciativa legislativa de los 90, que tenía por objeto "desregular" el ejercicio de las profesiones liberales en nuestro país.
SIN FUNDAMENTOS
Se trata de un proyecto escueto, de solo seis artículos, presentado con la finalidad de pulverizar los colegios profesionales de todo el país.
Básicamente:
a) Desregula la actividad profesional universitaria y no universitaria, en todo territorio nacional.
b) Elimina tasas, aportes o cualquier contribución que los profesionales deban realizar a los colegios profesionales.
c) Crea un Registro Nacional de Profesionales Universitarios y no Universitarios.
Pese a la trascendencia del proyecto y sus consecuencias, la fundamentación del mismo no aporta justificaciones de peso respecto a su finalidad, ni trata de explicar su vicio de origen más evidente, el de su flagrante inconstitucionalidad.
Es un homenaje a la brevedad y un canto a la insustancialidad argumental.
Como bien lo señalara el doctor Ricardo Urturi, de la FEPUCH, en declaraciones a medios locales, el proyecto en cuestión es inconstitucional y atenta contra el federalismo, porque la regulación del ejercicio profesional, mediante el dictado de leyes reglamentarias es una potestad, que corresponde a las provincias, nunca fue delegada a la Nación.
Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ratifican. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la colegiación obligatoria estableciendo que la misma no es contraria al sistema internacional de derechos humanos.
El proyecto de la diputada Pagano tampoco tiene en cuenta la complejidad y especificidad de la trama heterogénea que conforman, el despliegue en una sociedad, del ejercicio de las profesiones liberales, ni su necesidad de contralor como una cuestión de interés público.
Dicho contralor —que necesariamente debe ser de cercanía— no puede quedar reducido a un mero acto de inscripción en un registro instalado en Buenos Aires.
La realidad profesional es mucho más intrincada que lo planteado por la legisladora, y requiere de un contralor específico, no solo para otorgar matrículas profesionales, sino para defender a los consumidores de eventuales malas prácticas, y fundamentalmente de la presencia de "intrusos" que ejercen sin título habilitante una profesión.
El proyecto es nefasto, constituye un agravio al federalismo, es contrario al interés general, podría detonar las solidarias cajas previsionales profesionales y busca deliberadamente fragmentar el colectivo profesional.
Perturba a ideólogos libertarios la mera existencia de ámbitos de formación, colaboración y cooperación, que trascienda el individualismo vigente.
(El autor es diputado nacional por el Chaco – Unión por la Patria).
