Niños desplazados y migrantes
En América Latina y el Caribe, uno de cada cuatro migrantes es un niño. Según UNICEF, millones de menores, junto con sus familias, se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad, alimento, atención médica o simplemente una oportunidad de sobrevivir. Estos niños, aún en tránsito, siguen siendo ante todo niños. Este principio ético y legal debe guiar la manera en que la sociedad y los gobiernos responden a la crisis del desplazamiento y la migración infantil.
La migración infantil se origina en causas estructurales profundamente arraigadas, como la pobreza extrema, violencia, desigualdad, desastres naturales y el cambio climático. Las familias que toman la dolorosa decisión de migrar con sus hijos —o enviarlos solos— lo hacen cuando ya no existe otra alternativa viable para sobrevivir. El viaje migratorio, lejos de ser una solución, se convierte muchas veces en una sucesión de riesgos, que pueden ir desde explotación, trata de personas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, pérdida del acceso a la educación y a la salud. Ante este escenario, distintas organizaciones de derechos humanos advierten que mientras no existan vías legales y seguras para la migración, los niños seguirán siendo víctimas de un sistema que los desampara.
Por otra parte, en la Franja de Gaza, más de 50.000 niños han muerto o han sido heridos como resultado del conflicto, según denuncias de UNICEF. El bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas, y el desplazamiento forzado de familias enteras muestran cómo las guerras y conflictos geopolíticos perpetúan la condición de vulnerabilidad extrema de los niños desplazados.
Cabe recordar que el derecho internacional ofrece el Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobado en 2018, y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Ambos acuerdos reconocen explícitamente la necesidad de proteger a los niños migrantes y promueven el principio de unidad familiar, el acceso a servicios básicos y la inclusión de los migrantes en las comunidades que los reciben. De acuerdo con estos compromisos, todos los niños —sin importar su nacionalidad, estatus legal o motivos de migración— tienen derecho a una vida segura, a educación, atención médica y protección frente a la violencia. En ese sentido, es necesario observar que cualquier política migratoria que no priorice el bienestar del niño es inconsistente y éticamente inaceptable.
Además del marco legal, existe una razón de justicia social. Los niños migrantes no deben ser discriminados por su lugar de origen o por las circunstancias que los obligaron a huir. La integración de estos menores en las comunidades receptoras es una obligación moral y legal, y también una inversión en el futuro colectivo. Si se les brinda educación, seguridad y estabilidad emocional, podrán desarrollarse plenamente y contribuir al desarrollo económico y social del país que los recibe. Por el contrario, ignorarlos o marginarlos produce efectos serios como pobreza intergeneracional, exclusión social, delincuencia y sufrimiento humano.
Por otra parte, hay que señalar que, en estas situaciones, la educación juega un papel central. Muchos niños migrantes pierden años de escolaridad debido al desplazamiento. La falta de acceso a sistemas educativos inclusivos agrava su vulnerabilidad, limita su integración y prolonga la desigualdad. Asegurar que todo niño tenga acceso a una educación de calidad es una forma efectiva de romper el ciclo de la pobreza y dar a estos chicos la posibilidad de vivir una vida digna. Del mismo modo, el acceso a servicios de salud y apoyo psicosocial es vital para atender las secuelas del trauma que muchos de estos niños cargan consigo. La infancia es una etapa fundamental para el desarrollo emocional, social y cognitivo de cualquier ser humano. Cuando esta se ve interrumpida por el desplazamiento forzado, las secuelas pueden ser profundas y duraderas.
Los niños desplazados y migrantes son una realidad que debería preocupar a las sociedades. Su sufrimiento no es consecuencia inevitable de su condición, sino de fallas estructurales y políticas evitables. Los niños y las niñas son sujetos de derechos, y en ese sentido es importante recordar que las causas de la migración de su grupo familiar son forzadas y que existen marcos legales internacionales que respaldan su protección. Por ello, debe garantizarse su seguridad, su derecho a vivir con sus familias y su acceso a una vida digna.
