Riesgos por flexibilización en la tenencia de armas

Desde la presidencia de Carlos Menem, en 1995, este tipo de armamento estaba reservado exclusivamente a las fuerzas de seguridad. La nueva normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo revierte aquella restricción histórica, sino que se inscribe dentro de una serie de flexibilizaciones en materia de control de armas. Entre ellas, la reducción de la edad mínima para solicitar la Credencial de Legítimo Usuario de 21 a 18 años, y la creación de procedimientos expeditivos como la llamada "tenencia exprés".

La medida fue justificada por el Ejecutivo nacional como un intento de reducir la burocracia y permitir un uso deportivo o lícito de las armas por parte de la ciudadanía. Sin embargo, los principales actores del sector de la seguridad pública y la sociedad civil no comparten esa visión. Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme han manifestado una profunda preocupación ante la liberalización del acceso a armamento de alto poder letal. Es que las estadísticas confirman que, a mayor cantidad de armas en circulación, mayor es el riesgo de violencia armada.

Según los propios datos oficiales, en 2022, uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina fue cometido con un arma de fuego. Las estadísticas también señalan un vínculo entre el aumento del acceso a armas y el incremento de femicidios, suicidios y accidentes domésticos. En este contexto, facilitar la tenencia de armas semiautomáticas no aparece como una medida que mejore la seguridad pública, sino como un factor que podría agravarlo.

Además, los expertos alertan sobre un fenómeno que ya ha sido documentado en diversos países, donde el resultado fue el desvío de armas del mercado legal al ilegal. Cuanto mayor es la disponibilidad de armamento en manos privadas, mayor es la posibilidad de que estas armas terminen siendo utilizadas por organizaciones criminales. Es justamente este tipo de armamento, por su capacidad de fuego, el que resulta más atractivo para el crimen organizado.

A este cuadro se suma una pregunta de fondo: ¿existe una demanda social significativa que justifique esta decisión? La respuesta parece ser negativa. No hay evidencia de un clamor ciudadano por acceder a armas semiautomáticas. Tampoco se ha presentado un estudio que respalde la idea de que su tenencia reduciría el delito. Lo que sí queda claro es que la medida responde a una narrativa ideológica afín a posturas libertarias que defienden el derecho irrestricto a portar armas, aun cuando ello contradiga recomendaciones de organismos nacionales e internacionales especializados en seguridad.

El argumento gubernamental sobre el "uso lícito" tampoco resiste mayor análisis. Si bien es cierto que el decreto exige que los civiles justifiquen un uso deportivo o similar para acceder a este tipo de armamento, la experiencia internacional muestra que estos requisitos suelen ser fácilmente sorteables, especialmente en contextos donde el Estado ha debilitado sus mecanismos de control. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), responsable de autorizar y supervisar estas solicitudes, ya enfrenta desafíos estructurales y logísticos que limitan su capacidad de fiscalización efectiva.

Por lo tanto, el marco legal que busca restringir el uso indebido de estas armas puede ser insuficiente frente al poder de fuego que se está liberando. En lugar de fortalecer una política de seguridad integral, centrada en la prevención y el control de armas, el Estado nacional parece optar por trasladar a los individuos la responsabilidad de su propia defensa, una lógica privatizadora del concepto de seguridad pública.

La decisión de permitir la compra y tenencia de armas semiautomáticas por parte de civiles no es una respuesta técnica a un problema de seguridad, ni mucho menos una demanda social genuina. Es, antes que nada, una elección ideológica que privilegia el derecho individual a armarse por encima del interés colectivo por reducir la violencia. Y en una sociedad donde la violencia ya tiene múltiples rostros, agregar más armas al paisaje no parece ser el camino más sensato.