La comunidad científica denuncia el desmantelamiento del INTA y el CONICET
En un contexto de ajuste fiscal severo, dos voces clave del sistema científico argentino —Humberto Debat, virólogo molecular del INTA Córdoba, y Gonzalo Sanz Cerbino, investigador adjunto del CONICET— advierten sobre el impacto profundo y estructural que los recortes presupuestarios y la ofensiva ideológica del gobierno están provocando sobre la ciencia pública nacional.

"Los recortes al INTA no son simplemente un número en un Excel: son heridas profundas a un entramado científico y humano que tardó décadas en construirse", alertó Debat a través de una declaración contundente que circuló en redes sociales.
Para el investigador, los ajustes "no sólo paralizan ensayos de campo, suspenden vínculos con el sector agroindustrial o desmantelan laboratorios. El verdadero daño es la fractura emocional y simbólica que sufre una comunidad científica que apostó por un proyecto de país con soberanía tecnológica y conocimiento con sentido territorial", señala.
Desde su experiencia en virología aplicada a la producción agropecuaria, Debat subraya que "La actual situación no solo pone en riesgo capacidades acumuladas e infraestructuras costosas de reponer, sino también el sentido de pertenencia de una generación de científicos: volver a levantar lo que hoy se cae a pedazos va a costar una generación. Lo que más duele no es la falta de recursos, sino la deslegitimación deliberada, el ataque discursivo sobre la importancia de nuestro trabajo".
A este diagnóstico se suma la voz de Gonzalo Sanz Cerbino, investigador del CONICET y secretario general adjunto de ATE-CONICET, quien denunció la circulación de un proyecto impulsado por la Fundación Libertad y Progreso —ligada a referentes libertarios como Alberto Benegas Lynch y Agustín Etchebarne— que propone eliminar las carreras de investigador y personal de apoyo, junto con los programas de becas. "En su lugar, con un diagnóstico plagado de datos manipulados, se sugiere un modelo de financiamiento sólo por proyectos a corto plazo, sin estabilidad laboral", advierte.
Sanz Cerbino recalca que los argumentos con los que pretenden justificar el ajuste apuntan a un supuesto crecimiento excesivo del CONICET entre 2003 y 2023, pero omiten que dicho crecimiento fue una recuperación tras décadas de vaciamiento.
Además, las comparaciones internacionales utilizadas por los promotores del ajuste, como la referencia a Corea del Sur o Singapur, están tergiversadas: "La Argentina tiene menos investigadores por habitante que muchos de los países que los libertarios citan como ejemplo", señala.
La crítica a las ciencias sociales también forma parte del relato oficial, aunque según los datos, estas disciplinas representan apenas el 28% de las becas y mucho menos en financiamiento e investigadores estables. "Confunden personal técnico con administrativo y repiten falsedades sobre salarios y estabilidad", resume Sanz Cerbino. A su juicio, el trasfondo del proyecto no es técnico ni financiero, sino simbólico: una señal a un núcleo ideológico radicalizado más que una propuesta eficaz para mejorar el sistema.
Mientras tanto, la comunidad científica ha comenzado a movilizarse. Encuestas recientes muestran que un 59% de la población rechaza las políticas de recorte al sistema de ciencia y tecnología.
Pero el daño, advierten ambos investigadores, no se mide solo en presupuesto. "Han vaciado de incentivos y de dignidad el acto mismo de investigar", lamenta Debat, y concluye: "Lo que está ocurriendo no es solo una pérdida institucional: es una fractura emocional. Y reconstruir lo roto será, lamentablemente, una tarea titánica".
Frente a un presente que muchos describen como una pesadilla para la ciencia pública argentina, la pregunta que queda abierta es si aún es posible revertir el rumbo antes de que se pierda una generación de conocimiento, infraestructura y vocación.
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