Piden la derogación de la Ley de Bosques 26.331

SÁENZ PEÑA (Agencia). Un pedido hecho al ministro de Economía de la Nación, Federico Sturzenegger, reclama la derogación de la Ley de Bosques 26331 y revisión del marco normativo para el desarrollo productivo. La solicitud la hizo el ingeniero agrónomo chaqueño Miguel Ángel López, empresario y productor forestal, quien argumenta que se trata de una legislación que, lejos de cumplir con sus objetivos originales, ha generado severos impedimentos para el desarrollo económico y productivo de las provincias.

Desde su sanción -explicó a NORTE el ingeniero López- esta ley fue presentada como un instrumento para la conservación del bosque nativo, estableciendo un sistema de protección que incluía la asignación de fondos destinados a garantizar la sostenibilidad ambiental sin afectar la producción. Sin embargo, esos recursos nunca fueron efectivamente transferidos, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad, donde la normativa sí ha sido aplicada para restringir el uso del suelo y frenar inversiones estratégicas, sin que existan mecanismos de compensación real.

CONTEXTO LEGISLATIVO Y SU IMPACTO EN LAS PROVINCIAS

En las argumentaciones recuerda que en el debate previo a la sanción de la ley se había establecido un consenso político que reconocía que cualquier restricción impuesta por el Estado nacional sobre el uso de los recursos naturales debía ir acompañada de un financiamiento compensatorio, dado que las provincias perderían oportunidades económicas derivadas del aprovechamiento de dichos recursos. A pesar de esto, el financiamiento prometido nunca se cumplió, lo que generó un desequilibrio que afecta directamente la autonomía y el desarrollo productivo de cada jurisdicción.

EL USO DISTORSIONADO DE LA LEY Y LA JUDICIALIZACIÓN DEL DESARROLLO

A lo largo de los años, diversas organizaciones ambientalistas han utilizado interpretaciones tendenciosas de la Ley 26.331 y la difusión tergiversada de información para instalar discursos alarmistas en los medios de comunicación, que magnifican problemas inexistentes y caracterizan a sectores productivos como destructores del ambiente.

Esta estrategia ha servido de base para la judicialización sistemática de actividades económicas legítimas mediante amparos y medidas cautelares, que afectan la seguridad jurídica de los productores e impiden el desarrollo de la inversión.

Estos mecanismos configuran un claro caso de lawfare, donde se manipula la normativa ambiental para generar trabas judiciales a sectores claves como la producción forestal, agrícola y ganadera. A través de litigios promovidos por grupos activistas.

MANIPULACIÓN DE DISCURSOS Y USO DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Otro aspecto preocupante ha sido el uso de comunidades indígenas como herramienta de presión en esta narrativa. En varias ocasiones, grupos ambientalistas han atribuido a comunidades aborígenes posturas que no necesariamente reflejan sus verdaderas preocupaciones ni intereses, utilizándolos para legitimar restricciones que afectan el manejo sostenible del bosque y limitan el progreso de las economías regionales.