"Tenemos un gobierno que hace del gatillo fácil su política"

   El reciente asesinato de un niño de siete años en un titoteo de un policía contra ladrones volvió a encender el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Para María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), no se trata de hechos aislados ni de policías mal entrenados: es una política de Estado.

   "Tenemos un gobierno que hace del gatillo fácil su política", afirma con contundencia. Según Verdú, la diferencia entre la actual gestión y las anteriores es profunda. "Mientras que gobiernos anteriores intentaban disimular o al menos condenaban públicamente estos hechos, el actual, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad, los defiende y hasta los promueve", denuncia.

   Verdú rechaza el argumento oficial que atribuye los casos de violencia institucional a deficiencias en la formación policial. "El problema no es que los policías sean brutos o no estudien, es la conducción política que les da órdenes. Es el gobierno el que baja línea para que actúen de esta forma", sostiene. Y remarca que la incorporación de materias como derechos humanos en la formación policial no ha sido suficiente para revertir el fenómeno del gatillo fácil.

  La abogada recuerda que desde el retorno de la democracia se han impulsado diversos intentos de reforma que no lograron resultados sustanciales. Menciona el trabajo de León Arslanian en la Policía Bonaerense, la contratación de Adolfo Pérez Esquivel en Santa Fe, y programas del kirchnerismo que involucraban a familiares de víctimas. "Ninguno de esos cambios bajó la cifra de asesinatos policiales porque la política de fondo nunca cambió".

   Según Correpi, durante la gestión de Bullrich entre 2015 y 2019 se registró un récord de casos de gatillo fácil en todo el país. Fue en ese periodo donde se instauró la llamada "doctrina Chocobar", en referencia al policía que mató por la espalda a un ladrón y fue públicamente defendido por el entonces presidente Mauricio Macri. "Esa doctrina se convirtió en política pública y habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar con impunidad", denuncia Verdú.

   La llegada del Frente de Todos en 2019 trajo un cambio de enfoque. Sabina Frederic, ministra de Seguridad de Alberto Fernández, derogó seis protocolos implementados por Bullrich. Según Verdú, esa decisión tuvo un impacto directo: "Durante esa gestión hubo 100 casos menos de gatillo fácil. Solo con volver las cosas al estado anterior ya se salvaban vidas".

   Sin embargo, con el regreso de Bullrich al Ministerio en 2023, las prácticas represivas volvieron con fuerza. "Este gobierno no solo repite las políticas de Macri, sino que las profundiza. Lo que antes se hacía con disimulo, hoy se celebra públicamente. Justifican los disparos como legítima defensa, aunque las víctimas sean menores o personas desarmadas".

   En ese sentido, Verdú destaca el carácter inédito del respaldo explícito por parte del gobierno actual a los casos de violencia policial. "Ni siquiera durante el menemismo o con figuras como Sergio Berni o Aníbal Fernández vimos esta brutalidad. Podían decir que fue un exceso, que iban a investigar, que el policía se equivocó. Ahora salen a darles medallas".

   Además, expresó su preocupación por un proyecto oficial que busca modificar el artículo 34 del Código Penal para ampliar las causas de legítima defensa, lo que, en la práctica, legalizaría el gatillo fácil. "Eso no lo hizo ni la dictadura", afirma. "Es una novedad brutal en la historia democrática argentina".

   También critica con dureza la implementación de las pistolas Taser, a las que compara con la picana eléctrica. "Son herramientas de tortura. Pueden matar si se usan mal, y en este país sabemos que eso pasa todo el tiempo".

   Para Verdú, el foco debe estar en la voluntad política. "Cuando la conducción política no promueve la represión, los casos bajan. Cuando la alienta, suben. Es así de claro. Por eso, más que cursos de derechos humanos, lo que hace falta es un cambio en la política de seguridad".

   La entrevista deja en claro que para Correpi el gatillo fácil no es una excepción ni una desviación. Es parte estructural de una política estatal que, lejos de corregirse, se reafirma con discursos públicos, normativas permisivas y respaldo institucional. Una política que, según Verdú, "aplica la pena de muerte de facto para defender bienes menores frente a la vida humana".