El Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares 

   Desde la Casa Rosada reconocen que la iniciativa responde a demandas del sector empresarial, y argumentan que así buscan "brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones mineras, hidrocarburíferas e industriales" proyectadas en estas áreas.

   El Ejecutivo trabaja en una redefinición de los criterios para delimitar zonas protegidas, dejando restricciones exclusivamente sobre glaciares descubiertos, cubiertos, y escombros activos que cumplan requisitos específicos: una superficie mínima de una hectárea, una duración estimada de al menos dos años, relevancia hídrica y presencia en el Inventario Nacional de Glaciares.

   Actualmente, la legislación impone estrictas prohibiciones a la instalación de infraestructuras ajenas a la investigación científica, a la exploración de recursos naturales y al vertido de sustancias contaminantes. Las sanciones incluyen multas de entre cien y cien mil sueldos básicos de la Administración Pública, además de la suspensión o cese definitivo de las actividades que incumplan la norma.

   Pese a las modificaciones, el Gobierno asegura que "mantendrá los requerimientos de evaluación de impacto ambiental" para autorizar inversiones, y que "respetará los límites sobre glaciares" propiamente dichos. Uno de los ejes centrales de la reforma es ampliar el margen de decisión de las provincias sobre los usos del suelo en sus territorios.

   La medida es impulsada por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y cuenta con la participación directa de la secretaria de Energía, María Tettamanti, el coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y los equipos legales de la Secretaría de Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzabal.

  Este rediseño reglamentario retoma contenidos de la primera versión de la Ley Bases presentada por el oficialismo en 2024, que inicialmente incluía cambios a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Sin embargo, ante la falta de respaldo legislativo, el Ejecutivo retiró ese capítulo del texto final aprobado en junio de ese año.

   Las reformas proyectadas fueron parte del mismo bloque normativo que proponía flexibilizar el régimen de explotación forestal y reestructurar el Fondo de Bosques, que finalmente fue eliminado. Aquella avanzada legislativa motivó, en febrero de 2024, una advertencia formal de la ONU a través de cinco relatores de derechos humanos, quienes calificaron las medidas como "regresivas" y alertaron sobre posibles impactos negativos en las garantías para defensores del medioambiente