La Justicia Federal exige al Ministerio de Defensa explicaciones por la "Operación Roca"

   La Justicia pidió al Gobierno nacional que informe si la operación está actualmente activa, y en qué localidades se encuentran desplegadas las Fuerzas Armadas.

   La presentación judicial, registrada bajo el expediente FSA 5473/2025, fue promovida en el marco de crecientes denuncias por presuntos abusos y por la falta de información oficial sobre las tareas del Ejército en zonas habitadas. Las organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por lo que consideran un "exceso de secretismo" en el accionar militar y alertaron sobre posibles violaciones de garantías constitucionales.

   En su resolución, firmada electrónicamente en las últimas horas, el juez Montoya requirió al ministro de Defensa, Luis Petri, que detalle si la "Operación Roca" se encuentra actualmente en ejecución en la frontera norte de la provincia de Salta y, en caso afirmativo, que informe con precisión en qué ciudades o localidades hay presencia de efectivos militares.

  Además, el magistrado solicitó un informe sobre el alcance y sentido de las reglas de empeñamiento —es decir, los lineamientos bajo los cuales las Fuerzas Armadas pueden usar la fuerza— contenidas en el Anexo 1 de la Resolución 347/2025, firmada por el Ministerio de Defensa a comienzos de mayo. Dicha resolución, aún no publicada oficialmente en su totalidad, se encuentra bajo análisis por su posible incompatibilidad con los estándares del derecho internacional en materia de seguridad interior.

   Uno de los puntos más sensibles del requerimiento judicial tiene que ver con los eventuales procedimientos de detención. El juez Montoya recordó que en la jurisdicción de Salta rige el nuevo sistema acusatorio adversarial, contemplado por el Código Procesal Penal Federal, lo cual limita las funciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. 

   En ese sentido, el magistrado pidió que el Ministerio de Defensa explique qué protocolo se aplicaría en caso de que personal militar detuviera a civiles y cómo se garantizará su inmediata puesta a disposición de las autoridades judiciales, tal como lo exige la ley.

   Esta intervención judicial representa el primer avance institucional concreto en la revisión de la controvertida "Operación Roca", cuyos alcances y operatividad permanecían hasta ahora sin control judicial ni parlamentario.

   Desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta celebraron la medida judicial como un paso necesario para preservar el Estado de derecho y pidieron que se haga pública toda la documentación relacionada con la operación militar.   

   El juez Montoya también ordenó que, una vez incorporados los informes del Ministerio de Defensa, se dé nueva intervención al Ministerio Público Fiscal para analizar las eventuales responsabilidades y el cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales.

   Mientras tanto, el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior —prohibido por la ley de Defensa Nacional— vuelve a instalarse con fuerza en el escenario político y judicial del país.