Atribuciones de los militares autorizados a detener civiles en el norte

   "Según el Código Procesal Penal de la Nación, cualquier persona puede realizar una aprehensión en flagrancia, siempre que se entregue al detenido ante una autoridad competente", dijo Petri. Sin embargo, se trata de una interpretación forzada que no justifica el uso de las Fuerzas Armadas para tareas policiales, prohibidas expresamente por la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.

  Petri intentó blindarse con un posteo en redes sociales, en el que sostuvo que "Elijan de qué lado van a estar: si con narcos, terroristas o violentos delincuentes". También citó como ejemplo la militarización fronteriza impulsada por Donald Trump, sin mencionar que ésta fue criticada globalmente, rechazada en numerosas instancias judiciales, y utilizada en un contexto político reaccionario.

   El "Operativo Roca" consiste en un despliegue de hasta 10.000 efectivos militares en Jujuy y Salta, supuestamente para combatir el narcotráfico y el contrabando. No obstante, expertos destacan que ingreso de drogas al país ocurre mayormente por avionetas o embarcaciones, mientras que su salida se realiza principalmente por los puertos del Paraná. Además, hay antecedentes de represión letal en operativos similares en Salta.

   Las fuerzas encargadas tradicionalmente de la frontera, como Gendarmería, han sido señaladas en múltiples ocasiones por complicidad con organizaciones criminales. En este contexto, sumar militares a funciones policiales no parece responder a estrategias eficaces, sino más bien a un endurecimiento represivo en una región rica en recursos estratégicos, como el litio.

   Dentro del debate político, tanto la oposición como sectores oficialistas no cuestionan el fondo de la medida, sino la falta de protección legal para los militares. Algunos proponen reformar la Ley de Seguridad Interior para permitir formalmente la participación de las FFAA en seguridad interna, algo que ya fracasó en el Jurado de Enjuiciamiento.

   Lo cierto es que las Fuerzas Armadas están destinadas a garantizar la soberanía nacional en los espacios terrestre, marítimo y aéreo, no a cumplir labores policiales. Obligarlas a actuar fuera de su marco legal pone en riesgo al personal, debilita institucionalmente a las FFAA y viola normativas vigentes.

   El exministro kirchnerista Agustín Rossi denunció que Petri "empuja al personal militar a actuar fuera de la ley", mientras medios castrenses expresan preocupación por la situación. El trasfondo político revela un interés creciente por retornar al rol de las FFAA en la vida pública nacional como garantes frente a posibles protestas sociales.

   En síntesis, lo dispuesto por Petri no solo es controversial: es ilegal. La solución no pasa por militarizar zonas pobres, sino por fortalecer las fuerzas de seguridad con dotación adecuada, equipamiento y capacitación suficiente. Mientras tanto, urge derogar las reglas de empeñamiento y dejar en claro que las FFAA deben cumplir su misión constitucional, no ser usadas como herramienta política ni represiva.