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VIOLENCIA EN LA ARMADA

Procesaron a seis jefes por dejar en coma a una recluta

La jueza Sandra Arroyo Salgado constató que la víctima "recibió una patada voladora" durante un ilegal "entrenamiento antidisturbios". Uno de los imputados es su exesposo, ahora con prisión preventiva.

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   La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis integrantes de la Armada por violencia institucional y de género, incluido su expareja, quien fue detenido con prisión preventiva.

   El informe judicial detalló que la joven sufrió un "status epiléptico" que requirió intubación y sedación prolongada. Se descartó que el episodio haya sido accidental. Entre los cargos figuran lesiones graves triplemente agravadas por violencia de género, alevosía y relación de pareja previa, además de abuso de autoridad.

   Según testimonios y pruebas, uno de los instructores le aplicó una "patada voladora", un detalle clave en la investigación. Los otros cinco acusados fueron procesados sin prisión preventiva por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; uno también enfrenta cargos por lesiones culposas al ser supervisor directo del operativo.

   La magistrada prohibió cualquier contacto entre los imputados y la víctima y remitió el caso al Ministerio de Defensa y al Senado para que tomen conocimiento de lo ocurrido.

Avanzada ilegal

   Este caso se inscribe en un contexto más amplio: el gobierno impulsa una mayor participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad interior, lo que está porhibido por ley, coordinando acciones como el "Plan Roca" en Salta, donde ya se registraron denuncias por violaciones a los derechos humanos.

   En ese marco, resurge el uso del Regimiento 28, cuyo historial incluye centros clandestinos de detención durante la dictadura militar. Organizaciones como el CELS alertan sobre la falta de transparencia en las "reglas de empeñamiento" que regulan la intervención de las tropas en tareas policiales.
   El caso de Brisa Páez no es aislado: es síntoma de un retroceso institucional. Las prácticas violentas dentro de la Armada y la militarización de la seguridad pública ponen en jaque principios democráticos y exponen a civiles y soldados a situaciones de riesgo. Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo vuelven fantasmas del pasado.

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