Infraestructura y seguridad vial
Una infraestructura vial deficiente incrementa el riesgo de accidentes y afecta de manera integral la calidad del transporte y la seguridad en las rutas. Según un informe de Vialidad Nacional, en nuestra provincia el 51% de los kilómetros de rutas cuyo mantenimiento depende de recursos nacionales no se encuentran en condiciones óptimas. Esta evaluación técnica se sustenta en el análisis de la superficie de rodamiento, la señalización horizontal y vertical, y el mantenimiento general de las trazas.
Vialidad Nacional evaluó el estado del 74% de las rutas bajo su jurisdicción que atraviesan el territorio chaqueño y comprobó que el 51% se encuentra en mal estado, lo que equivale a casi 400 kilómetros. Esta carencia de mantenimiento expone a los conductores a mayores riesgos, y también afecta al transporte de mercancías, encarece los costos logísticos y acelera el desgaste de los vehículos.
Diversos estudios confirman que existe una correlación directa entre el estado de la infraestructura vial y la siniestralidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "una infraestructura vial segura es esencial para prevenir accidentes y lesiones". Las rutas con baches, deformaciones, banquinas inestables y señalización ausente o deficiente generan escenarios de riesgo permanente para quienes las transitan.
En Argentina, el Observatorio Vial registró que en 2024 más de la mitad de los siniestros viales ocurrieron en rutas: un 29% en rutas nacionales y un 25% en rutas provinciales. Dentro de estos, el 78% correspondió a choques, despistes y vuelcos. Estos tipos de incidentes están estrechamente vinculados a maniobras evasivas que los conductores deben realizar ante obstáculos como pozos o cambios abruptos en la calzada, lo que muchas veces resulta en pérdida de control del vehículo. Además, el mal estado del pavimento incrementa la probabilidad de fallas mecánicas, especialmente en vehículos pesados como camiones, que transitan largas distancias con grandes cargas. Esta situación no solo pone en peligro la vida de los conductores, sino que compromete la seguridad de todos los usuarios de la vía.
La deficiencia en la infraestructura vial afecta, en primer lugar, a la seguridad, pero también impacta en el desempeño económico del país. Rutas deterioradas obligan a reducir la velocidad y dificultan la planificación logística, lo que se traduce en mayores tiempos de traslado y un aumento del costo del transporte. El desgaste prematuro de los vehículos, por su parte, eleva los gastos de mantenimiento y reparación, afectando tanto a empresas como a particulares. En ese sentido, el freno a la obra pública, aplicado por el actual gobierno nacional, ha profundizado esta situación crítica. La falta de inversión en mantenimiento vial ha generado una cadena de consecuencias negativas, como el aumento de la siniestralidad, el encarecimiento de la logística, y un impacto social profundo, en especial en provincias en el interior del país.
Frente a este panorama, resulta evidente que mejorar y mantener la infraestructura vial debe ser una prioridad de Estado. No se trata solo de repavimentar rutas o instalar carteles, sino de implementar un plan integral y sostenido de infraestructura vial que contemple estándares de calidad, mecanismos de evaluación periódica y presupuestos adecuados.
La evidencia empírica muestra que la inversión en infraestructura vial salva vidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asegura que cada dólar invertido en seguridad vial puede ahorrar hasta veinte dólares en costos asociados a los siniestros. Es decir, los beneficios sociales y económicos de una red vial segura superan ampliamente el costo de su implementación.
Las rutas en buenas condiciones fomentan un comportamiento más predecible por parte de los conductores, reduciendo la probabilidad de errores humanos, que explican la gran mayoría de los siniestros. Cuando las vías están correctamente señalizadas, sin baches ni deformaciones, los conductores pueden concentrarse en el tránsito y tomar decisiones seguras, lo que refuerza la prevención de siniestros viales.
La falta de mantenimiento de las rutas nacionales, sumada a la disminución de la inversión pública en infraestructura, ha creado un escenario donde el riesgo de accidentes se incrementa a diario. Si se desea reducir la siniestralidad, proteger vidas y mejorar la competitividad del transporte, es imperativo revertir esta tendencia y priorizar el mantenimiento de las rutas como una política pública que se sostenga en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.
