Proponen integrar las listas con personas con discapacidad
La iniciativa, impulsada por parte del bloque opositor, plantea que "el acceso a espacios de participación política debe garantizarse".
Legisladores de la oposición presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca garantizar la participación política de personas con discapacidad en las elecciones provinciales y municipales.
La iniciativa lleva el número 936/2025 y cuenta con las firmas de las diputadas Teresa Cubells, Analía Flores, Silvia Quirós y del legislador Nicolás Slimel.
El texto propone incorporar un nuevo artículo a la Ley Electoral del Chaco (Ley 834-Q) que obligue a los partidos políticos a incluir al menos una persona con discapacidad en cada lista de candidatos, ya sea en carácter de titular o suplente. La exigencia se aplicaría en todas las categorías de cargos electivos provinciales o municipales, y se sumaría a los requisitos ya vigentes en materia de paridad de género.
Según el proyecto, se considerará persona con discapacidad a quien cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente al momento de presentar la lista. El incumplimiento de esta disposición implicaría el rechazo de la oficialización de la nómina por parte del Tribunal Electoral, tal como establece el artículo 56 de la ley vigente.
El texto también establece que el Tribunal Electoral deberá garantizar condiciones de accesibilidad y no discriminación durante todas las etapas del proceso electoral. Además, invita a los municipios a dictar normativas similares para sus elecciones.
MÁS INCLUSIÓN
Los legisladores fundamentaron la propuesta en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, así como en la Ley Nacional 26.378 y en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en las constituciones nacional y provincial. En el documento, sostienen que "el acceso de personas con discapacidad a espacios de representación política no debe quedar librado a la buena voluntad de los partidos, sino que debe garantizarse mediante herramientas normativas que promuevan la representación real y sustantiva".s
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