Tenencia responsable de animales
La persona que decide tener un perro potencialmente peligroso, debe comprender que no se trata de una mascota cualquiera. Debe saber que bajo su responsabilidad tiene un animal que requiere educación, socialización, control, ejercicio y un ambiente equilibrado. No se trata simplemente de tener el perro encerrado o atado, ya que esto puede empeorar su conducta. Es necesario un adiestramiento adecuado, preferiblemente con la guía de un profesional, para que el animal aprenda a convivir de forma segura con las personas y otros animales.
Los perros considerados potencialmente peligrosos han sido protagonistas de múltiples incidentes que, lamentablemente, a veces terminan en tragedias. El caso reciente ocurrido en Puerto Bermejo, donde un niño de siete años fue atacado por un Dogo Argentino, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de que se cumpla con lo que establece la ley provincial 6798, una normativa que, a pesar de su claridad y amplitud, permanece prácticamente inactiva. Frente a esta realidad, es fundamental reflexionar sobre la tenencia responsable de estos animales para prevenir situaciones desagradables.
Antes de abordar el marco legal, conviene aclarar una idea equivocada pero muy arraigada, que plantea que ciertos perros son agresivos por naturaleza. Si bien es cierto que algunas razas presentan características físicas y comportamentales que pueden potenciar el riesgo —como fuerza mandibular, tamaño o temperamento territorial—, la agresividad en los perros está determinada por su crianza, ambiente y trato recibido. Es decir, el problema no está en los animales, sino en cómo son educados y manejados por sus dueños. Veterinarios y proteccionistas coinciden en señalar que la falta de responsabilidad en la tenencia de estos perros es el factor clave que explica la mayoría de los ataques. Por ello, más allá del marco legal, la solución debe empezar por un cambio cultural en la forma de entender la relación entre las personas y los animales.
La ley provincial 6798 ofrece un marco legal para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. En su Artículo 1, define a estos animales como aquellos que, por su fuerza física y predisposición genética, pueden causar daños graves a personas, otros animales o bienes. Entre las razas mencionadas explícitamente se encuentran el pitbull, rottweiler, dogo argentino, doberman, entre otros. La ley exige, entre otros puntos, una licencia administrativa para la tenencia del animal, el registro obligatorio en un sistema provincial, un seguro de responsabilidad civil por posibles daños a terceros y medidas de seguridad en la vivienda, como instalaciones seguras y señalización adecuada. Además, establece sanciones claras por incumplimiento, que van desde multas hasta el secuestro del animal y la revocación de la licencia. No obstante, todo este andamiaje legal carece de eficacia si no se aplica. En la práctica, ni los municipios controlan, ni existen registros activos, ni se otorgan licencias, ni se fiscaliza la tenencia. Resulta contradictorio que exista una ley tan completa, con criterios preventivos y sancionatorios bien definidos y, sin embargo, su cumplimiento sea casi inexistente. Las razones van desde la desidia institucional, falta de capacitación, escasez de recursos, o simplemente, falta de voluntad política. Sin embargo, la inacción tiene consecuencias graves, con situaciones que pueden dejar desde personas heridas hasta animales sacrificados.
Por lo tanto, es necesario activar los registros y las fiscalizaciones, además de llevar adelante campañas de concientización sobre la tenencia responsable de estos animales, capacitar al personal municipal de las áreas que correspondan y establecer mecanismos de denuncia accesibles para la ciudadanía. Ahora bien, la ley sola no alcanza. La responsabilidad individual es el primer eslabón en la cadena de prevención. La tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos es una cuestión de seguridad y también de respeto por la vida. El cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 6798 es una herramienta imprescindible para prevenir accidentes, proteger a las personas y garantizar el bienestar de los propios animales. Sin embargo, la aplicación de esta norma debe ir acompañada de un compromiso de los propietarios y una gestión estatal eficiente.
Educar, registrar, controlar y sancionar son acciones complementarias que deben formar parte de una política integral de convivencia. Solo así se podrá revertir una realidad donde la omisión cuesta caro, y donde los perros, muchas veces, pagan con su vida los errores de quienes deberían cuidarlos.
