Javier Milei profundiza su ataque a periodistas
El Presidente intensifica su campaña pública contra periodistas, en un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Gobierno y los medios.
Tras días de fuertes críticas vertidas desde sus redes sociales y apariciones públicas, el mandatario anunció el jueves que presentaría denuncias penales contra varios comunicadores a los que acusó de cometer calumnias e injurias.
Durante una entrevista en "La misa", un programa de streaming conducido por el influencer libertario Daniel Parisini —conocido como "el Gordo Dan"—, Milei arremetió contra figuras del periodismo, a quienes calificó con apodos despectivos como "mandriles mentirosos" y "manga de pifiadores". Entre los mencionados se encontraban Marcelo Bonelli, Paulino Rodríguez, María Laura Santillán, Luis Novaresio y la economista Marina Dal Poggetto.
El viernes, las palabras del Presidente se tradujeron en acciones. Su abogado penalista, Francisco Onetto, presentó formalmente tres denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py contra Viviana Canosa, presentadora de radio y televisión; Carlos Pagni, periodista político del diario La Nación; y Ari Lijalad, periodista de medios gráficos y digitales.
Cada caso fue distribuido a distintos juzgados: la denuncia contra Viviana Canosa quedó en manos del juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2. La presentación contra Carlos Pagni recayó en el Juzgado 3, a cargo de Daniel Rafecas, mientras que la dirigida a Ari Lijalad fue asignada al Juzgado 6, también bajo la supervisión de Rafecas, pero interina.
¿Qué dice la ley?
Las imputaciones de calumnia e injuria son consideradas delitos de acción privada, lo que implica que no interviene el Ministerio Público Fiscal. En este tipo de causas, corresponde al afectado demostrar ante la Justicia que se vulneró su honor mediante expresiones falsas o difamatorias.
Ahora, el proceso avanzará con la ratificación de las denuncias por parte del Presidente o su representante legal, seguida de la presentación de las pruebas que respalden sus acusaciones. Será el juez instructor quien deba determinar si los dichos cuestionados están amparados por la libertad de expresión y crítica periodística, o si, por el contrario, constituyen un ataque injustificado al honor presidencial.
Caso sensible en términos democráticos
Este tipo de procesos requiere especial cuidado institucional, ya que se mueven en la delgada línea entre el derecho al honor y la libertad de prensa. En contextos democráticos, es fundamental garantizar que los funcionarios públicos no utilicen herramientas legales para intimidar o restringir la crítica periodística.
Además, por tratarse de delitos de acción privada, cualquier resolución final dependerá de la voluntad de ambas partes, pudiendo incluso alcanzar acuerdos extrajudiciales.
Mientras tanto, el debate sigue generando polémica en el ámbito público y profesional del periodismo, que observa con preocupación esta nueva escalada del Presidente contra quienes lo critican desde los medios.
