Acusan por evasión agravada a un senador de La Libertad Avanza

   La denuncia fue radicada este jueves en el Juzgado en lo Penal Económico N.º 11, a cargo de la jueza Verónica Straccia, bajo el expediente 249/2025. Según informaron fuentes oficiales, se detectaron irregularidades en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del IVA correspondientes al año fiscal 2022, en las que el legislador no habría justificado ciertos incrementos patrimoniales.

   El caso adquiere una dimensión particular debido a la doble condición de Vargas: además de su rol como legislador provincial, es funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA).

   En el escrito judicial se afirma que "el contribuyente ha desplegado un ardid tendiente a disminuir los montos de los impuestos a ingresar al fisco y, de esa manera, evadir parcialmente el pago de aquellos". Según la investigación, Vargas habría omitido declarar operaciones alcanzadas por el impuesto, lo que permitió reducir artificialmente tanto el débito fiscal como las ganancias informadas.

   La maniobra fue detectada luego de una verificación cruzada entre los consumos con tarjetas de crédito y débito y los montos informados en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Esto derivó en una deuda de $2.337.224,40 por el IVA y de $3.895.374,01 por Ganancias, ambas correspondientes al ejercicio 2022.

   Vargas fue notificado en enero pasado y, durante febrero, presentó liquidaciones, resúmenes de pago y documentación adicional. Sin embargo, el ente recaudador detectó diferencias persistentes entre lo declarado y los consumos registrados. A raíz de esto, se establecieron planes de pago para regularizar la situación.

    "Los planes se encuentran vigentes y ninguna de sus cuotas ha vencido hasta el momento. No obstante, la normativa bajo la cual fueron solicitados no contempla beneficios de extinción o suspensión de la acción penal, por lo cual se formaliza la denuncia", detalla la presentación.

   El organismo solicitó que Vargas sea citado a declaración indagatoria, que se eleve la causa a juicio y que se apliquen las penas máximas previstas por el artículo 1.º del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), que establece condenas de entre dos y seis años de prisión.

   En caso de que la causa no prospere por la vía penal, desde ARCA anticiparon que se evaluarán sanciones administrativas.

   Sergio Vargas es abogado, excapitán de corbeta y oriundo de Punta Alta. Egresó de la Universidad Austral con especialización en derecho penal, y ocupó cargos como asesor legal en la AFIP, con funciones en el área de coordinación técnica e internacional. En 2023 encabezó la lista de senadores provinciales de La Libertad Avanza por la Sexta Sección Electoral y resultó electo. Desde diciembre ocupa una banca en la Cámara Alta bonaerense y preside uno de los bloques de La Libertad Avanza.