Pese al descontento de la defensora adjunta, sigue el traslado de presos
En el día que el Ministerio de la Defensa Pública realizó denuncias contra autoridades, se conocieron nuevos movimientos de detenidos.
Luego de la denuncia de la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz contra el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Érika Maidana, y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se registró un segundo despliegue de detenidos.

La denuncia de Gauna Wirz se produce por considerar que el primer traslado de quince presos, con la prensa cubriendo el operativo, se trató de "una exhibición pública gratuita de personas condenadas" y, agrega Gauna Wriz, una acción "humillante y gratificante, carente de toda justificación legal y contraria a la Constitución",
En el marco de un operativo de seguridad y prevención, se ha llevado a cabo un nuevo traslado masivo de detenidos desde la comisaría de Tres Isletas hacia el Complejo Penitenciario 2 de Sáenz Peña. Este proceso busca descongestionar las comisarías y asegurar un mejor manejo de la población carcelaria.
Desde la Policía del Chaco, se comunicó acerca del movimiento de privados de la libertad: "En la fecha del 8 de abril de 2025, a las 11.15, se completó exitosamente el traslado de un total de 24 detenidos condenados".
Las autoridades informaron que el operativo se desarrolló sin novedades y con la participación activa del personal policial. Tras la recepción de los detenidos en el complejo, se ha desafectado al personal interviniente.

Este operativo es coordinado por el comisario general Atilio Ledesma, director general de Seguridad Interior, junto con el comisario Mayor Jorge Elías Caballero, director de Operaciones Interior. La supervisión del servicio estuvo a cargo del comisario mayor Fabio Raúl Bogado y otros oficiales destacados en diferentes zonas.
Las autoridades locales han manifestado que este tipo de traslados continuarán realizándose con regularidad como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y las condiciones dentro del sistema penitenciario. La número dos de la Defensoría Pública indicó en su denuncia que el despliegue de los quince presos "excedió los fines legítimos de un traslado".
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