Una fecha para no olvidar

La fecha invoca el sufrimiento de las víctimas y también llama a la reflexión sobre el valor de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho. El 24 de marzo marca un quiebre, una desviación hacia lo más abyecto de la condición humana. El abuso de poder, el desprecio por las leyes y la imposición de un régimen que operó en la ilegalidad, son lecciones que deben ser transmitidas de generación en generación. Como mencionó el fiscal Julio César Strassera en 1985, durante el juicio a las Juntas Militares, la paz no puede basarse en el olvido ni en la violencia, sino en la memoria y la justicia. Solo desde allí es posible construir un futuro en el que nunca más se repitan estos hechos.

La importancia de la memoria radica en que permite identificar las huellas dejadas por el terrorismo de Estado, un flagelo que no distingue ideologías ni justifica atrocidades. El respeto por la dignidad humana, que debe ser la base de cualquier sociedad democrática, fue sistemáticamente violado durante aquellos años de terror. No se trató solo de un quiebre constitucional, sino de un ataque frontal contra los valores más fundamentales que constituyen a la humanidad misma.

Hoy, cuando el paso del tiempo lleva al olvido, la tentación de la indiferencia acecha. Sin embargo, esta conmemoración no es solo un acto de recuerdo, sino un ejercicio constante de reafirmación de los principios democráticos, una oportunidad para impedir que la historia se repita.

El 24 de marzo es una fecha que interpela a la sociedad en su conjunto. A más de cuatro décadas de aquellos días de horror, la Argentina sigue transitando el arduo camino de la justicia. El reconocimiento de la verdad es un paso fundamental, pero aún queda trabajo por hacer. Los culpables de las desapariciones forzadas, la tortura y los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados, y las víctimas, reparadas. Solo así se podrá caminar hacia una verdadera reconciliación nacional, que no se base en la amnesia, sino en el reconocimiento pleno de lo que ocurrió.

En Italia, durante la década del 70, las autoridades tuvieron que hacer frente al flagelo de las Brigadas Rojas, la organización terrorista responsable del secuestro y asesinato del líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro. Antes de que se conociera el trágico final del dirigente democristiano, el jefe de la policía, general Carlo Alberto Dalla Chiesa recibió la información de que había personas detenidas que podían aportar datos sobre el lugar donde tenían secuestrado a Moro y se le sugirió que apelara a la tortura para obtener una confesión. Dalla Chiesa respondió: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no puede permitirse implantar la tortura". Italia logró, finalmente, imponer la ley sobre el terrorismo sin cometer delitos de lesa humanidad.

En 1985, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco presentaba su informe final señalando que "era preciso no sólo dar una respuesta a las miles de personas afectadas por tanta muerte, tortura física y psicológica y degradación humana hasta límites inconmensurables, sino que era menester que nuestra sociedad se adentrara en los umbrales del dolor y de la infamia para que la indiferencia y el silencio se transformen en una actitud cívica comprometida con los auténticos valores de nuestro ser nacional…".

Al cumplirse 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en un documento de la Conferencia Episcopal Argentina los obispos católicos compartieron reflexiones en una carta abierta titulada "Una fecha para no olvidar". En ese texto se advertía que aquella ruptura del orden constitucional e interrupción del Estado de derecho fue un capítulo "que nunca más se debe repetir, ni podemos olvidar".

Esta fecha debe servir para renovar el compromiso de la sociedad con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con la verdad y la justicia.