La Justicia suspendió por seis meses el decreto que convirtió al Banco Nación en sociedad anónima

   En su resolución de 43 páginas, Ramos Padilla sostuvo que "la modificación de la estructura jurídica del Banco Nación debe provenir de una ley en sentido formal emanada del Congreso Nacional". El magistrado recordó que, en septiembre del año pasado, ya había declarado que ni el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 ni una resolución interna del banco permitían cambiar su estatus jurídico.

   El gobierno de Milei argumentó que la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima no implica su privatización, sino que busca eliminar restricciones propias de su condición de Sociedad del Estado, permitiendo una mayor flexibilidad para su capitalización y crecimiento. Sin embargo, los empleados del banco objetaron esta medida, alegando que la modificación de su estructura jurídica requiere una ley del Congreso, no un decreto ejecutivo.

   El Banco Nación, en su defensa, sostuvo que una ley delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de transformar entidades públicas y que la conversión en sociedad anónima es necesaria para superar las limitaciones financieras y comerciales que enfrenta la entidad. Además, señaló que, a fines de 2023, casi la totalidad de sus depósitos se destinaban a financiar el déficit del Tesoro y al Banco Central.

   No obstante, Ramos Padilla rechazó estos argumentos. El juez destacó que, durante la sanción de la Ley Bases, el Congreso excluyó expresamente al Banco Nación de las empresas públicas sujetas a privatización. Además, señaló que la ley 27.742, que delega facultades al Poder Ejecutivo, no incluye al Banco Nación entre las entidades que pueden ser reorganizadas o transformadas mediante decreto.

   "El Banco de la Nación Argentina, como ente autárquico del Estado Nacional, creado por ley del Congreso, no se encuentra prima facie incluido entre los organismos que el Poder Ejecutivo puede modificar o transformar a través de un decreto por delegación legislativa", concluyó el magistrado. La decisión judicial suspende temporalmente la transformación del banco, en un nuevo revés para las reformas impulsadas por el gobierno de Milei.