El gobierno revivió términos ofensivos para clasificar discapacidades
Se desató fuerte polémica porque reinstauró términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para clasificar los grados de discapacidad intelectual de quienes solicitan una pensión por invalidez.
Las denominaciones, consideradas arcaicas y estigmatizantes, fueron incluidas en un decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) en enero de este año, generando el rechazo de organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad.
El decreto modificaba los criterios para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, sustituyendo las actuales categorías de discapacidad intelectual (leve, moderada, grave o profunda) por términos peyorativos y desactualizados.
Ello supone un retroceso respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que la Argentina adoptó con rango constitucional en 2008 y que promueve un enfoque basado en los derechos humanos, rechazando el uso de lenguaje discriminatorio.
El gobierno argumentó que los criterios previos eran "laxos" y facilitaban el fraude. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs han presentado un reclamo formal para exigir la derogación de la normativa. En su denuncia, advierten que el decreto refuerza un modelo médico de la discapacidad que patologiza y estigmatiza a las personas en lugar de garantizar sus derechos.
El texto del decreto replica casi literalmente una normativa de 1998 firmada por Carlos Menem, definiendo a las personas con discapacidad intelectual de manera reductiva y ofensiva. Por ejemplo, describe al "idiota" como alguien que "no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres y no puede subsistir solo", mientras que al "imbécil" lo caracteriza como alguien que "realiza tareas rudimentarias pero no maneja el dinero". Estas definiciones no solo son peyorativas, sino que también ignoran la diversidad y las capacidades de las personas con discapacidad.
La controversia se amplificó cuando el decreto se viralizó en redes sociales. Ante la presión pública, la ANDis reconoció que fue "un error" emplear términos obsoletos y ofensivos y anunció que la resolución y su anexo serían modificados para ajustarse a los estándares médicos y normativos vigentes. Sin embargo, el decreto sigue en vigor hasta que se concrete la reforma.
Este episodio evidencia la tensión entre el discurso del gobierno, que rechaza lo que considera "eufemismos de la cultura woke", y los estándares internacionales de derechos humanos. Milei ha empleado en reiteradas ocasiones términos como "idiota", "descerebrado" y "mogólico" para descalificar a sus críticos, lo que ha generado preocupación sobre el tono y las políticas de su administración hacia los grupos vulnerables.
Mientras tanto, el colectivo de personas con discapacidad y las organizaciones que los representan continúan exigiendo la eliminación de normativas discriminatorias y el respeto a sus derechos, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
