Abogados rechazan la designación de García Mansilla a la Corte Suprema
El Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia expresó su "firme rechazo" a la decisión del presidente Javier Milei de designar por Decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un comunicado emitido por el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, su titular, Jose Galassi afirmó: "Esta designación ha generado controversia y preocupación en la comunidad jurídica, ya que se considera que vulnera los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial".
"Es importante destacar que la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe seguir un proceso establecido por la Constitución y las leyes, que garantice la idoneidad y la independencia de los candidatos", añadió.
Seguidamente, el comunicado expresa: "La designación por Decreto Presidencial sin el debido proceso y sin el cumplimiento de los pasos necesarios que marca la Carta Magna, sin lugar a dudas, importa un avasallamiento a los principios fundacionales de nuestra República. De acuerdo con la Constitución de la Nación Argentina, el Poder Ejecutivo debe actuar en conjunto con el Poder Legislativo para garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial. La designación arbitraria de jueces, sin la participación institucional pertinente, es un abuso de autoridad que puede tener graves consecuencias para la democracia y el Estado de derecho".
"Es fundamental que se respeten los procedimientos constitucionales y se garantice la independencia del Poder Judicial para mantener la confianza en las instituciones y proteger los derechos de los ciudadanos. Los magistrados designados en comisión, sin seguir el procedimiento constitucional establecido, carecerán de independencia y estabilidad en su cargo. Esta precariedad compromete su capacidad para tomar decisiones imparciales y justas, ya que su nombramiento puede ser revocado en cualquier momento", agrega el texto.
"Además, esta designación irregular vulnera los principios constitucionales y socava la confianza en las instituciones del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a que sus derechos sean protegidos y reconocidos por instituciones independientes y autónomas, que actúen de acuerdo con la ley y la justicia", continúa y agrega: "La distorsión en el funcionamiento de las instituciones puede tener graves consecuencias para la democracia y el Estado de derecho, ya que puede generar impunidad, arbitrariedad y violación de los derechos fundamentales. Es fundamental que se respeten los procedimientos constitucionales y se garantice la independencia y autonomía del Poder Judicial para proteger los derechos de los ciudadanos".
Finalmente, señala que, "en mérito a ello, exhortamos al Poder Ejecutivo de la Nación, a que proceda conforme a las normas Constitucionales y Convencionales, evitando que la discrecionalidad absoluta avasalle derechos de los ciudadanos, superando los límites que permiten el equilibrio de los Poderes, y buen funcionamiento de las Instituciones Democráticas y Republicanas".
