La Justicia analizará el desmantelamiento del Hospital Bonaparte
El juez en lo contencioso administrativo federal, Walter Lara Correa, ha dado lugar a un planteo del CELS para evaluar la crítica situación en la que ha quedado el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte tras los despidos ordenados por el gobierno.
El CELS presentó una solicitud antes de la intervención del ministro Mario Lugones, alertando sobre el impacto de la reducción del personal en el derecho a la vida y a la salud. Como resultado, el juez Lara Correa habilitó la feria judicial para tratar esta problemática de manera urgente.
Si bien el magistrado subrayó que la habilitación de la feria es una medida excepcional, consideró que el reclamo del CELS justificaba su aplicación, ya que los despidos comprometen la atención plena en los distintos servicios del hospital. Además, dio intervención al Ministerio Público de la Defensa al considerar que podían estar en juego los derechos de niños y adolescentes.
Ahora, el juez deberá decidir si el CELS tiene legitimidad para representar los derechos colectivos que alega defender. En caso de ser aceptado, podría resolverse la medida cautelar solicitada por la organización el 16 de enero, que busca frenar los despidos en el hospital.
El planteo del CELS
El CELS solicitó a la Justicia que habilite la feria y dicte una medida cautelar para frenar los despidos en el Hospital Bonaparte. Según expuso el organismo, la reducción drástica del personal afecta servicios críticos como guardia, internación, farmacia y atención de urgencias, imposibilitando su funcionamiento adecuado. Esto constituye un incumplimiento del Estado Nacional en su obligación de garantizar el acceso equitativo a la salud, conforme al artículo 7 de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental.
El CELS también destacó que la población afectada se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo a niños y adolescentes que requieren atención especializada en salud mental.
La crisis en el Hospital Bonaparte se agravó el 15 de enero, cuando el Ministerio de Salud anunció una "reestructuración" que derivó en el despido de 200 trabajadores. Esto significó una reducción del 27% del personal en la Guardia Interdisciplinaria, afectando su funcionamiento las 24 horas. En determinados turnos no se contará con enfermeros, psiquiatras o médicos generalistas.
Otros servicios también se han visto perjudicados: el Servicio de Observación y Cuidados en Urgencia perdió el 30% de su personal, el Servicio de Internación sufrió una reducción del 29% y el Departamento de Salud Integral, un 33%.
Desde hace meses, el gobierno de Javier Milei ha intentado cerrar el Hospital Bonaparte, argumentando que atiende a "pocas personas", afirmación que no ha sido comprobada. Según datos del director del hospital, Christian Baldino, durante 2024 se realizaron más de 100.000 consultas ambulatorias, incluyendo 1.500 consultas farmacológicas mensuales, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. Además, se registraron 514 pacientes internados y 482 en salas de observación de urgencias.
El CELS realizó su presentación en el marco de un expediente abierto en octubre de 2023, donde ya había solicitado una medida para frenar dos decisiones del gobierno de Milei: la prohibición de ingresos al servicio de internación y la derivación intempestiva de pacientes a otros centros de salud. Ahora, con la "reestructuración" en marcha, la situación del Hospital Bonaparte se vuelve cada vez más crítica.
