"Se comprobó que no vivía ninguna comunidad y solo estaba una familia"
Uno de los copropietarios defendió la resolución que obliga a un nuevo relevamiento, clave para determinar la ocupación y los fines del predio.
Luego de que trascendiera la publicación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre la decisión de realizar un nuevo relevamiento sobre un predio de 74 hectáreas de Makallé, que supuestamente estaba ocupado por comunidades originarias, NORTE dialogó con copropietarios de los terrenos, quienes señalaron las razones de una disputa que lleva años.
"Se comprobó que no vivía ninguna comunidad y solo está asentada una familia", indica Ricardo Crespo, uno de los titulares de las tierras en litigio, que además indica que la sentencia que se dictó en los últimos meses del año pasado por parte de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones fue cuestionada porque no tuvo en cuenta una situación sensible como que el organismo nacional debía revisar el relevamiento.
Es que el principal argumento que tiene la Justicia chaqueña para dar lugar al reclamo de la asociación Añi Alba es que se trata de un colectivo conformado por comunidades originarias y, por lo tanto, debe garantizar el derecho a la tierra, pero los Crespo exhiben documentos respecto de la titularidad del dominio, actas de constatación en la que no se observan grupos asentados en el lugar y otra prueba contundente es que entidades de contralor no pudieron determinar que quienes conforman la organización sean verdaderamente originarios sino simplemente criollos.
El conflicto no es nuevo pero no por ello es menos complejo. Según Crespo, la persona que es la cara visible de la asociación y quien motoriza la disputa, de apellido Waneson, era un peón de ese campo y en el año 2000 firmó un convenio ante el Juzgado de Paz de Makallé de que abandonaría el predio. Como nunca lo hizo, en 2010 Crespo solicita un desalojo que nunca se ejecutó, y ahora insisten en tomar posesión del lugar.
CONSTATACIONES
"La justicia civil y penal constató que solo existe una familia", insiste Crespo, y para ello muestra un acta de constatación efectuada en 2022.
No obstante y entre la múltiples idas y venidas que se dieron con los años, Crespo señala que una de las últimas acciones fue justamente la sentencia de la Sala IV Cámara de Apelaciones, pero que tuvo en cuenta la resolución del INAI dictada en 2023 sobre el otorgamiento de tierras basado en que la asociación era conformada supuestamente por aborígenes, pero que fue derogada este año.
"No se respetó el debido proceso porque no se tuvieron en cuenta los derechos de los copropietarios", alega, los que -indica- son de quinta generación, que quiere decir que sus familiares vienen cediéndose hace años.
Para marcar la clara intención de que se buscaba un apropiamiento de las tierras bajo la figura de una supuesta asociación de comunidades originarias, Crespo indica que Waneson, cuando formaliza la constitución de la entidad, incluye a familiares que expresaron que eran desocupados pero que contaban con ingresos.
"Waneson dice que es desocupado, pero es productor agropecuario; su hermana dice que es retirada, pero es retirada de Salud Pública; y el cuñado de esta persona dice que es desocupado, pero maneja cooperativas y agencias de quinielas", expresa.
Además, otra cuestión que marca entre las anomalías, y que fue denunciada en varias de las instancias de disputa, es que se detectó que algunas de las firmas digitales que se anexaron de los supuestos integrantes de la asociación, cuando se hicieron los reclamos, son truchas.
