Una reforma pendiente que es fundamental
La Argentina se enfrenta a un desafío fiscal que es dejar atrás un sistema tributario que desde hace décadas viendo agravando, cada vez más, la marcha de la economía nacional, al afectar desproporcionadamente al sector privado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
La elevada carga fiscal, que incluye una combinación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, satura la capacidad de pago del empresariado, limitando la inversión y la generación de empleo. La necesidad de una reforma impositiva integral es apremiante para revitalizar la economía y fomentar un crecimiento equitativo.
En nuestro país la estructura impositiva es notoriamente compleja, caótica y onerosa. Con múltiples impuestos que abarcan desde el IVA y el Impuesto a las Ganancias hasta tributos locales que incluyen un laberinto de otros tributos y tasas, el costo de cumplir con las obligaciones fiscales es alto tanto en términos monetarios como de tiempo. Esta situación llevó a muchas empresas y emprendedores a operar al límite de su capacidad financiera. La excesiva carga no solo reduce la competitividad, sino que también desalienta la formalización de nuevas empresas, perpetuando la informalidad laboral y limitando el crecimiento económico.
Una reciente encuesta reveló que el 88% del empresariado argentino apoya las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, pero esperan más en materia de presión fiscal. Aprueban la liberalización económica y la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, una de las principales demandas de este sector es la eliminación de impuestos que consideran innecesarios y perjudiciales. La reducción de la carga impositiva es vista como una condición indispensable para que los engranajes del crecimiento sostenido comiencen a rodar.
Pero además, la Argentina es un país caracterizado por profundas desigualdades regionales. Las diferencias en términos de desarrollo económico, infraestructura y oportunidades entre regiones ricas y pobres son marcadas. A pesar de esto, la política tributaria actual es en gran medida uniforme, lo que resulta en una inadecuada asignación de recursos y una carga fiscal desproporcionada para las provincias más desfavorecidas, el Chaco entre ellas. Una política tributaria diferenciada, que tenga en cuenta las particularidades y necesidades de cada región, es esencial para promover un desarrollo más equitativo.
Las líneas directrices de una reforma de esa índole deberían ser varias. Una de ellas es la necesidad de una simplificación del sistema tributario. Reducir la cantidad de impuestos y unificar tributos similares podría achicar el costo de cumplimiento y aumentar la eficiencia recaudatoria.
También hay consenso en la conveniencia de implementar incentivos fiscales y reducir la carga para las pequeñas y medianas empresas, ya que ello fomentaría su crecimiento y la formalización laboral, que adquiere niveles dramáticos, sobre todo en nuestras provincias del Norte.
Otro aspecto relevante es reforzar los mecanismos de control y aumentar las penalidades para la evasión, sobre todo entre las grandes empresas, para que se aliviane el reparto de las obligaciones entre los contribuyentes. Muchas veces se ignora o soslaya que entre éstos están los simples ciudadanos que aun sin tener un empleo formal o una actividad registrada de todos modos aportan al Estado abonando impuestos elevados cuando adquieren alimentos de primera necesidad, que llevan la carga de un IVA que posee una de las alícuotas más altas del mundo.
Hace falta, además, asegurar que los recursos recaudados se utilicen de manera eficiente y transparente por parte del Estado y sus administradores. Esto es fundamental para restaurar la confianza en el sistema y garantizar que los beneficios de una reforma se traduzcan en mejoras reales para la sociedad.
En definitiva, la necesidad de una reforma impositiva en Argentina es indiscutible. Un sistema fiscal más sencillo, equitativo y adecuado a las realidades regionales no solo aliviaría la presión sobre el sector privado, sino que también estimularía el crecimiento económico y el desarrollo social. Las reformas deben orientarse no solo a reducir la carga, sino también a mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario, combatiendo la evasión y asegurando un uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
El sistema impositivo argentino es un esquema que se tornó monstruoso de la mano de la ineficiencia y la irresponsabilidad en el manejo de los recursos del Estado. Se cubrieron demandas sociales artificialmente, no a través de los recursos generados por una política productiva sustentable y potente, sino mediante alquimias basadas en la emisión monetaria descontrolada y la creación de nuevos impuestos y/o el aumento de las alícuotas de los ya existentes. El resultado está a la vista: un país empobrecido, en el que el Estado en lugar de ser una herramienta acabó siendo un fin en sí mismo.
Es un buen momento para aprender de los errores y construir un trama fiscal que sirva para el crecimiento, el mejor aprovechamiento de los recursos y la mejora consecuente de las condiciones de vida de los argentinos.
