Una deuda sin saldar con la capital del Chaco
Resistencia enfrenta un problema crónico y cada vez más grave: la falta de una política adecuada de ordenamiento del tránsito. Desde el retorno a la democracia en 1983, la anarquía vial ha sido una constante, y a pesar de los anuncios y promesas de las autoridades, el desorden y la anomia continúan siendo la norma en las calles de la ciudad.
Semanas atrás, el gobierno municipal asumido en diciembre de 1983 anunció un plan de operativos para inducir a que se respeten los semáforos, promover el uso de cascos protectores por parte de los motociclistas y atacar el peligrosísimo hábito de manipular celulares al manejar. Sin embargo, estos procedimientos resultaron ser aislados y esporádicos, por lo que -como ya sucediera con amagues similares de gestiones anteriores- no lograron instalar un clima de respeto por las normas de tránsito ni generar un temor real a transgredirlas. La falta de continuidad y de una estrategia integral ha dejado a los ciudadanos en la misma situación de siempre: un tránsito caótico y plagado de riesgos.
Se trata de un problema que no es nuevo y que además se agravó con el crecimiento demográfico de la ciudad. El aumento de la población trajo consigo un incremento significativo del parque automotor, acompañado por la proliferación de decenas de miles de motocicletas. Este crecimiento no estuvo acompañado por una planificación adecuada ni por la implementación de políticas efectivas de ordenamiento vial. Las calles de Resistencia se convirtieron así, cada vez más, en un escenario de caos, donde las normas de tránsito son ignoradas sistemáticamente y la seguridad vial es una preocupación constante.
La falta de una política de tránsito coherente y sostenida en el tiempo es una deuda pendiente de las autoridades locales desde hace décadas. La anarquía actual no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también afecta la calidad de vida y el desarrollo económico de la ciudad. El desorden en el tránsito genera demoras, aumenta los costos de transporte y contribuye a la contaminación ambiental. Además, la falta de respeto por las normas de tránsito crea un ambiente de impunidad y desconfianza en las instituciones.
Tampoco debe dejar de recordarse que desde hace muchos años las autoridades del Hospital Perrando vienen hablando de la demanda descomunal que le genera a diario a ese complejo asistencial -el más importante del Chaco- la abundante producción cotidiana de accidentes de tránsito, que dejan víctimas de gravedad diversa. Es una formidable masa de recursos que el Estado debe destinar a salvar, curar y rehabilitar personas que no necesitarían de tales cosas si hubiera un esfuerzo institucional real por poner orden en las calles.
Es fundamental que las autoridades tomen medidas concretas y efectivas para abordar este problema de manera integral. No basta con acciones casi simbólicas que se disfrazan con anuncios grandilocuentes; se necesita una política de tránsito firme, coherente, sostenida en el tiempo y con un enfoque trascendente. Esto implica no solo la implementación de controles y sanciones, sino también la educación y concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. Con una salvedad: la apelación a una estrategia educativa, tan utilizada por todos los gobiernos comunales, deber ser una vía más de acción, no una excusa para dejar los resultados posibles en el futuro y omitir una toma de decisiones contundentes en el presente. Este caos de hoy cuesta mucho. Cuesta incluso vidas.
Es verdad que la educación ayudará a que las nuevas generaciones tomen dimensión de todo lo que hay en juego al circular por la vía pública, pero hay transgresiones cotidianas que no se producen por desconocimiento de las normas. ¿Quién puede ignorar que la luz roja del semáforo implica detenerse o que las calles tienen un sentido de circulación y que todos deben respetarlo?
Además, la impunidad al cometer una falta de tránsito debilita el deseo de otros ciudadanos de cumplir con las normas. El conductor que espera la luz verde del semáforo, pero ve que a su lado pasan decenas de otros vehículos a pesar de estar encendido el faro rojo, está más cerca de sentirse un tonto que un pequeño héroe de la capital de la anomia.
Por eso es importante también que la ciudadanía tome conciencia de su responsabilidad en el ordenamiento del tránsito. El respeto por las normas de tránsito no solo es una obligación legal, sino también un deber cívico y moral. Cada ciudadano debe asumir su responsabilidad y comportarse de manera respetuosa y responsable en la vía pública, contribuyendo así a la creación de un ambiente de seguridad y orden.
Pero, sobre todo, proveer de las condiciones para un tránsito ordenado, racional, que refleje una convivencia civilizada, es responsabilidad de las autoridades. Ellas deben dejar de subestimar este drama de cada día.
