El gobierno será querellante en el caso de la abogada Casa
El Estado tiene un firme compromiso de apoyar a la joven internada en el área de Salud Mental del hospital Perrando en su búsqueda de justicia.
El Estado provincial será querellante en el caso de Gabriela Casa, la profesional de la abogacía y empleada judicial que fue retirada de su domicilio mediante un operativo policial cuestionado y que causó daños en el portón de acceso de la vivienda. Luego, habría estado internada contra su voluntad en el sector de Salud Mental, del hospital Julio C. Perrando.

En ese marco, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, ayer por la mañana en fiscalías, por avenida 9 de Julio al 250, se hizo presente junto con su equipo de letrados para formalizar al gobierno como querellante en el caso. El funcionario remarcó que se trata de una decisión tomada por el gobierno provincial en un firme compromiso de apoyar a la joven en su búsqueda de justicia.
Maldonado puntualizó que el caso generó preocupación social, especialmente debido a las versiones encontradas que existen. "El gobierno tiene todo el derecho de estar presente como querellante, porque ante cada derecho humano que se viole, nosotros vamos a acompañar en el proceso judicial y la necesidad de garantizar un proceso justo", explico el funcionario.

El objetivo del Estado, según indicó Maldonado es correr vista de los expedientes, analizar el proceso y definir una estrategia para avanzar en el caso. "Queremos acceder a la mayor información, la cual la fiscal nos habilitó el acceso durante cinco días y la hemos analizado. No queremos emitir opinión y debemos ser responsables", remarcó Maldonado.
Como se sabe, la abogada Gabriela Casa permaneció diez días internada contra su voluntad y ahora se investigan las responsabilidades penales en lo que le tocó padecer.
Ahora lo que se está investigando en la cadena de responsabilidades en este lamentable suceso, que lejos de cumplir cualquier protocolo, solo dejó en evidencia un alto grado de improvisación por parte de las autoridades tanto judiciales como policiales.
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