El largo camino de la integración regional
La integración regional de las provincias del Litoral se presenta como una oportunidad para enfrentar desafíos comunes y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas que permanecen al margen del tradicional enfoque de decisiones y políticas públicas que se centran predominantemente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las seis provincias –el Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos– que esta semana conformaron la Región Litoral, en un acto formal que se llevó a cabo en el Centro Cultural La Redonda, de la capital de Santa Fe, tienen un largo camino por delante.
La experiencia muestra que los procesos de integración no son lineales y que la construcción de espacios comunes requiere de voluntad y adaptaciones continuas para ser sostenibles a largo plazo. El Tratado de Integración Regional que firmaron los gobernadores tiene varios objetivos que son claves: fortalecer las políticas federales y las relaciones multilaterales entre las provincias, lo que –al menos en teoría– debería permitir una mayor cooperación y coordinación en temas de interés común; pone énfasis en la necesidad de sumar esfuerzos para promover el desarrollo económico y productivo en la región; mejorar la logística y el transporte, sin dejar de lado la promoción otros aspectos igual de importantes como la salud, la seguridad, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
De las palabras que pronunciaron los mandatarios provinciales en el Centro Cultural santafesino se desprende que una de las ideas centrales que impulsa esta iniciativa de constituirse como un bloque regional es que las provincias –si coordinan los esfuerzos en defensa de sus intereses comunes– pueden lograr una mayor influencia y representación ante gobiernos nacionales que, como quedó demostrado en varias oportunidades, en lo discursivo defienden el federalismo pero a la hora de los hechos no hacen más que acentuar la tendencia a priorizar las necesidades y realidades del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y su zona de influencia por sobre las de otras regiones del país. Eso quedó reflejado en los datos que dieron a conocer en la ceremonia en la que quedó conformada la Región Litoral: en amplias zonas de las provincias que firmaron el acuerdo de integración no hay servicio de gas natural por redes, con todo lo que eso implica tanto para las industrias y los hogares; a lo que se suma el hecho de que en la región están dos de las represas hidroeléctricas más importantes del país, pero eso no se traduce en una energía mayorista que reconozca esa particularidad en el precio del megavatio.
Los procesos de integración regional tienen como contrapartida la centralización del país en torno a su área metropolitana de Buenos Aires. Es allí donde se asienta más de 35 % de la población del país y donde gravita la mayor parte de la producción del país. No es casual que los expresidentes Fernando De la Rúa y Mauricio Macri hayan llegado a la Casa Rosada a partir de la plataforma que les ofreció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las redes de poder que se tejen en un radio bastante reducido si se compara con la extensión territorial de la Argentina que, dicho sea de paso, es el octavo país más extenso del planeta. Al federalismo como forma de Estado consagrado en la Constitución Nacional de 1853 y 1860, nunca le ha sido fácil oponerse a ese poderoso centro de gravedad político institucional que gira alrededor del Obelisco porteño. ¿Es este ambacentrismo el que perpetúa la desigualdad regional y concentra demasiados recursos y atención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, en detrimento del desarrollo de otras provincias y localidades del interior? ¿Es la falta de imaginación y liderazgo en las provincias del denominado "interior" lo que acentúa este fenómeno? ¿Es una combinación de ambos factores lo que hace, por ejemplo, que no exista una distribución equitativa de los subsidios al transporte público? Un debate serio sobre los intentos de integración regional, por supuesto, debería incorporar más interrogantes que reflejen la falta de equidad en la distribución de oportunidades y recursos en todo el territorio nacional, especialmente en esta etapa institucional que vive el país en la que, desde el Ejecutivo nacional, se impulsa una profunda modificación del rol del Estado que tendrá un fuerte impacto en toda la sociedad.
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