Expectativa ganadera por cumplimiento de condena contra extrabajador rural

Los productores expresaron que actualmente se han terminado los planteos jurídicos, habiéndose agotado las instancias de apelación sobre la sentencia que condena a Cristian Martínez. La cual fue dictada en primera instancia por la doctora Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, jueza de la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia.

Por su parte y en carácter de instancias de apelación, el Superior Tribunal de Justicia sostuvo lo dictaminado en la primera instancia y ha rechazado los planteos defensivos expuestos por el condenado.

CUMPLIR LA CONDENA

Los ganadores indicaron que por todo ello deberá ejecutarse la sentencia con el carácter de cumplimiento real, que priva de su libertad por el término indicado en la sentencia: tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Sostuvieron que las actuaciones judiciales para el seguimiento y aplicación de la condena se encuentran actualmente radicadas en el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo del juez Luís Allende, quien deberá hacerlo con rigor y respetando las máximas impuestas, no solo de lo dictaminado por la Cámara Criminal 1, sino también de lo expuesto por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Es por ello, las expectativas de todos aquellos productores que sufren diariamente pérdidas en el ámbito rural, que se insta a todos los actores de la Justicia a que la condena sea ejemplificadora y su aplicación justa: "Así se estará contrarrestando a el accionar de quienes cometen delitos rurales", fue una frase.

MECÁNICA DE LA DEFRAUDACIÓN

En un período de vacunación, Martínez hacía pasar el mismo animal en varias oportunidades por la manga. Hubo animales que fueron vacunados en más de una ocasión y así burlaron los controles de los dueños de la firma, quienes marcaron con pintura asfáltica a los animales ya vacunados; sin embargo, el nombrado ordenó a dos peones que quiten esa pintura con nafta y un trapo que él mismo les suministró. Así se registraba un número mayor de cabezas que las que existían en el campo.

Del mismo modo y como resultado de su modus operandi, alteró documentos del Senasa, ente del control sanitario para la ganadería. Ante las dudas, los propietarios del establecimiento Don Ramiro denunciaron la sospecha por supuesta defraudación y robo. La investigación, tanto policial como también judicial, estableció el faltante de unas 380 cabezas, lo que determinó la responsabilidad y la culpabilidad por parte de Martínez en el referido ilícito.

LEYES DURAS, INFLEXIBLES Y EFECTIVAS

Esta situación fue motivo para que instituciones que nuclean a ganaderos y principalmente los mismos productores demanden por leyes más duras, inflexibles, rígidas y efectivas para combatir el abigeato y otros delitos rurales. Así, en forma constante, se alude que el sector no tiene protección frente al robo de ganado por lo que urge que el Estado, a través de sus organismos pertinentes, tome medidas contundentes e irrevocables para lo cual se necesitan legislaciones acordes a esta realidad, donde los autores de ilícitos rurales nunca más tengan impunidad.

De la misma manera, se reconoce la importancia de la puesta en marcha de la Fiscalía de Investigación Rural, hoy a cargo de la doctora Noelia Miño; sin embargo, esto es solo un primer eslabón de un problema que con voluntad y compromiso se puede neutralizar y contrarrestar en forma real y positiva, impulsando una mayor seguridad rural, una demanda que lleva décadas por parte de los productores de la zona.s