Emergencia habitacional y labasura: la pantalla del delito
Entre las irregularidades detectadas en las aduditorías tras el cambio de gobierno en el Chaco, se identificó que se habían destinado 10.000 millones de pesos para emergencia habitacional, pero las casas prometidas nunca fueron construidas.
Asimismo, se destinaron 2000 millones de pesos para infraestructura social, con el objetivo de dotar a los barrios de los servicios básicos como ripio y luz.
También se investigó el programa Recitodos, que promovía acciones de reciclaje financiadas por el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, sin embargo, no se ha comprobado que estas acciones se llevaran a cabo. El programa estaba destinado a financiar a 350 organizaciones, pero cerca de 800 recibieron recursos, y en muchos casos los fondos fueron incrementándose significativamente con el tiempo.
Mauro Andión era el titular del disuelto instituto y María Laura Moreno se desempeñaba como coordinadora de Gestión de Soluciones Habitacionales. Ambos quedaron imputados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y participación necesaria en fraude contra la administración pública en cinco expedientes.
Moreno es arquitecta y debía certificar las obras, lo que le transfiere la misma responsabilidad que la de Andión, se desprende de la investigación que encabeza la fiscal coordinadora Graciela Griffith Barreto. s
