SÁENZ PEÑA (Agencia). El gobierno argentino anunció una decisión que generó múltiples reacciones, tanto en el ámbito local como internacional: la Nación abandonará la Agenda 2030 de la ONU. Este plan, adoptado en 2015, propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan temas como el cambio climático, la reducción de la pobreza y la protección de la biodiversidad. Según el doctor Bernardo Cané, experto en desarrollo sustentable y ex subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Nación, la decisión responde a la necesidad de priorizar el desarrollo económico del país, permitiendo que Argentina "tenga alas para desarrollarse" sin las restricciones impuestas por organismos externos.

La Agenda 2030, impulsada por Naciones Unidas, fue adoptada por 193 países con el fin de establecer un marco común de objetivos globales. En ese contexto, los países se comprometieron a cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Sin embargo, en ese cometido, se obviaron situaciones particulares de países del mundo o de continentes como es el caso de América latina, que son productores de alimentos y que con estas imposiciones implicaría un retroceso enorme. "La aparente solución, sin sustento técnico ni científico, tomada en oficinas, causaría más hambre y desigualdad porque sin producción no hay comida", reflexionó Cané. 

UN PASO ADELANTE

El productor -asesor, ex titular del Senasa y ex subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Nación- explicó que "el gobierno, a través de sus recientes declaraciones en eventos como la Exposición de Palermo, dejó en claro que los derechos son de la producción, de la gente que necesita trabajo y de quienes necesitan comer, y no de los niños tristes de la Unión Europea que se acordaron tarde de proteger el medio ambiente".

Para Cané, uno de los puntos más críticos en la postura argentina fue "la injerencia de países europeos y sus organismos que, según sectores del gobierno y del campo, han impuesto regulaciones que no se adaptan a la realidad productiva de Argentina". 

Cané es uno de los principales críticos de lo que considera "caprichos europeos incoherentes desde lo técnico, lo ético y lo ambiental", señalando que "las normas impuestas por la Unión Europea perjudican a la producción agropecuaria local".

En el mismo sentido, Cané destacó la hipocresía de estos países al querer imponer regulaciones ambientales a naciones en desarrollo, cuando ellos mismos fueron responsables de gran parte de la contaminación histórica. 

"Europa no tiene una hectárea horizontal, todo lo deforestaron, y son los principales contaminantes por aviones, minas, cementeras y plantas de carbón. Y nos vienen a dar cátedra por un eructo de una vaca", manifestó.

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Estas críticas se enmarcan en un debate más amplio sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, y las diferencias en las responsabilidades y capacidades entre países desarrollados y en desarrollo para cumplir con las metas globales.

El sector agropecuario, uno de los pilares de la economía argentina, fue uno de los más vocales en su rechazo a la Agenda 2030, principalmente por las restricciones que impone sobre el uso de tierras, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Según Cané, "para los productores, estas restricciones limitan la capacidad de competir en el mercado internacional y, al mismo tiempo, incrementan los costos de producción".

En el Foro de la Carne del Mercosur, uno de los principales espacios de discusión de las exportaciones cárnicas en la región, organizaciones como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron abiertamente su apoyo a la decisión del gobierno. 

"Los derechos de la producción no pueden quedar a merced de decisiones externas", sostuvo el presidente de la SRA, afirmando que los acuerdos internacionales deben adaptarse a las necesidades productivas de cada país.

Certificaciones ambientales

Según datos del Ministerio de Agricultura, el 60 % de las exportaciones agropecuarias de Argentina están vinculadas a mercados que exigen certificaciones ambientales como la del programa Vicec, lo que genera un doble mercado con precios diferenciados, perjudicando a los productores que no pueden cumplir con dichas certificaciones.

Para Cané, la clave es que Argentina se ordene internamente, sin descuidar las normativas ambientales locales, pero sin someterse a exigencias externas. "Es necesario ser rigurosos y exigentes puertas adentro, pero que unos señores desde la hipocresía nos indiquen qué hacer, me parece vergonzante", resaltó.