Fuerte impacto del paro de aeronáuticos
Se cancelaron unos 300 vuelos de Aerolíneas con unos 37.000 pasajeros afectados. Se pueden cambiar vuelos sin cargo.
Tal como se había anticipado, el paro por 24 horas dispuesto por los gremios de pilotos y tripulantes de cabina comenzó en el mediodía del viernes por demandas salariales. Antes del comienzo de la medida de fuerza, la compañía estatal indicó que los usuarios podrían cambiar sus vuelos "sin cargo", quienes podrán "reubicar y reacomodar" ante la contingencia.
La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), por lo que únicamente los servicios de la línea de bandera se ven complicados. Por ahora no se sumará al paro la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que abarca a los trabajadores de Intercargo, por lo que los servicios de rampa tanto en Aeroparque como en Ezeiza no se vieron afectados.
La voz del gobierno
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, salió a fustigar el paro dispuesto por los aeronáuticos y manifestó que "lo que le molesta a la casta sindical es que estamos terminando con sus privilegios".
El funcionario advirtió que "se va a pedir el quite de personería a estos sindicatos que le joden la vida a la gente". Puntualizó que "estamos implementando con la Secretaría de Trabajo mecanismos para establecer servicios mínimos y que la gente pueda viajar, además de llevar adelante sanciones que no van a ser solo económicas. Al gremio APA ya se le aplicó una multa de 160 millones de pesos en febrero, y ahora vamos a pedir el quite de personería a estos sindicatos", añadió.
Actividad "esencial"
El presidente Javier Milei ya firmó el decreto que declara como "servicio esencial" la actividad aerocomercial, con el fin de ilegalizar los paros y asambleas en el sector, lo que llevaría de facto a la eliminación del derecho de huelga. La medida reglamentará lo dispuesto en el mega DNU 70/23 publicado en diciembre del año pasado, en el que incluye al sector aerocomercial en la calificación "esencial" para "garantizar el servicio e impedir la paralización" ante medidas de fuerza.
La huelga de 24 horas de los trabajadores aeronáuticos, fue precedida por asambleas antes de las vacaciones de invierno, luego postergadas por conciliación obligatoria. Tras las vacaciones, se retomaron las protestas hasta llegar a una huelga de 9 horas el viernes pasado, en reclamo de un aumento salarial acorde con la inflación.
Aerolíneas también anunció descuentos en los salarios de los trabajadores que fueron a la huelga, más de 400 empleados, entre pilotos y tripulantes, por incumplir con sus tareas durante las jornadas de protesta, que oscilan entre 150 mil pesos por día para pilotos y 50 mil pesos por día para tripulantes.
Los gremios aeronáuticos calificaron de "ilegal y arbitraria" la decisión de "esencialidad" del gobierno nacional: explicaron que el transporte ya está regulado como "servicio público de importancia trascendental", y aceptan los límites al derecho de huelga que ya estaban establecidos por ley.
La empresa informó que demandará a los sindicatos convocantes de la huelga, APLA (Asociación de Pilotos) y AAA (Asociación de Aeronavegantes) por las "pérdidas operativas", y que denunciará a los representantes sindicales Pablo Biró, secretario general de APLA, y Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
Privatización
El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, ratificó la intención de privatizar Aerolíneas, aunque explicó que, por ahora, el objetivo es llevarla a "ser rentable". Para Lombardo, ello se alcanzaría vía la reducción de la plantilla. Ya desvinculó a 1.300 trabajadores a través de retiros voluntarios y de una rebaja salarial que, acordada en su momento con los sindicatos, implica la pérdida de unos 72 puntos contra la inflación.
El PRO apoyó la línea privatizadora del gobierno: en medio de la discusión de la huelga, el diputado Hernán Lombardi presentó un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas, que ya fue parte de la agenda del Congreso. Había quedado fuera del listado de la Ley Bases de "empresas a privatizar" como parte de las negociaciones con los gobernadores.
