Víctimas de agrotóxicos

La muerte de María Eugenia Sánchez, de 39 años, vecina del Paraje Puerto Viejo, en la localidad de Lavalle (Corrientes), conmueve por muchas razones. En los últimos años había luchado incansablemente para alertar sobre las fumigaciones con agroquímicos y el impacto en la población que vive en zonas rurales. Sabía de qué hablaba: dos de sus hijos -José Carlos, de apenas cuatro años, y Antonella de dieciséis- también murieron por la exposición a estos venenos.

La dolorosa historia de María Eugenia tiene muchas similitudes con la de la docente Ana Zabaloy, directora de una escuela rural de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, fallecida en 2019. Ambas fueron la cara visible de los reclamos para denunciar el uso indebido de pesticidas. Las dos fueron diagnosticadas de cáncer. La maestra bonaerense había alertado en reiteradas oportunidades sobre el peligro de fumigar con venenos las áreas cercanas a las escuelas, pero no fue sino hasta su muerte que algunos -muy pocos, lamentablemente- empezaron a tomar en serio el asunto.

Lo mismo ocurrió con la muerte del trabajador rural y fumigador Fabián Tomasi ocurrida en septiembre de 2018 en la localidad entrerriana de Basavilbaso. Tomasi murió a los 53 años, luego de padecer una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso y que, según los especialistas, tenía directa relación con su exposición a los agroquímicos.

En el libro "Envenenados: una bomba química nos extermina en silencio", de Patricio Eleisegui, el autor advierte que los problemas vinculados con los agrotóxicos afectan a más de 12 millones de argentinos que viven en 14 provincias.  En esa obra, además, se enumeran casos de cáncer de pulmón, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, diabetes, atrofia, intoxicaciones, alergias y leucemias, entre otros males, que se detectaron en poblaciones que viven cerca de las zonas fumigadas. También se explica que estos productos químicos no solo impactan en la salud de los trabajadores agrícolas, sino también en la población en general, a través de la contaminación del agua y el aire.

En abril de 2019, en Estados Unidos, un jurado de California condenó a Monsanto, la multinacional productora de agroquímicos y biotecnología para la agricultura, a pagar 80 millones de dólares por no haber informado los riesgos para la salud de quienes tenían contacto directo con su herbicida Roundup. En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como "probablemente cancerígeno" para los humanos, lo que generó un aumento en las demandas contra la empresa.

Según algunas organizaciones ambientalistas, el uso del glifosato no solo afecta la salud humana, sino que también tiene consecuencias ambientales significativas. La utilización de este herbicida ha sido vinculada con la contaminación de fuentes de agua y la disminución de la biodiversidad.

Un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, en tanto, encontró que las personas jóvenes que viven en localidades fumigadas tienen 2,5 veces más probabilidades de padecer y morir de cáncer en comparación con quienes viven lejos de estas áreas.

Este estudio, que se basó en un análisis de 27.000 personas en ocho localidades de la provincia de Santa Fe, reveló también que en localidades expuestas a agrotóxicos el 27,9% de las muertes totales en mujeres mayores de 45 años se atribuyeron a cáncer, lo que indica una correlación alarmante entre la exposición a pesticidas y la mortalidad en este grupo demográfico. Cada año surgen nuevas evidencias sobre la peligrosidad de estas sustancias. Por eso, solo cabe esperar que se adopten medidas que garanticen la protección de la salud de la población para que no se produzcan más muertes ni se contraigan enfermedades por la exposición a estos productos peligrosos.