El Gobierno limitó el acceso a la información pública

   Expertos y organizaciones como FOPEA y Poder Ciudadano han criticado duramente la decisión del gobierno, porque ven en ella un "retroceso democrático" y una "amenaza a la libertad de expresión".

   Por ejemplo, el gobierno restringe la definición de documento: todos los papeles de trabajo previos a una definición de política, así como las deliberaciones preparatorias, dejarán de ser documento público. 

   El decreto decreto 780/24 incorpora además la noción de "abuso del derecho" para quien pida información de forma reiterada, e incluye también la evaluación del costo que la entrega de infomación pueda tener para el Estado. Además, amplía la noción de "secreto", con restricción de la posibilidad de acceder a información que hasta hoy es considerada pública. 

   El decreto que modifica la reglamentación del Acceso a la Información Pública restringe en general los datos que pueden ser brindados desde el Estado ante una solicitud de información, al cambiar la definición de "información pública" y ampliar los motivos por los cuales una información puede ser catalogada como "secreta".

   "No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados", en referencia los funcionarios alcanzados en la Ley 27.275 obligados a responder los pedidos de Acceso.

   La Ley de Acceso 27.275 -sancionada en 2016- define a la información pública como "todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados obtengan, transformen, controlen o custodien", sin hacer ninguna mención a la "información privada". Sin embargo, la ley aclara que los datos de las personas están protegidos, justamente, por la Ley de Datos Personales.