Se prorrogó la emergencia habitacional en el Chaco

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco aprobó por unanimidad la Ley 3201-K de Emergencia Habitacional e Infraestructura Social Básica. La iniciativa, presentada por la diputada Pía Cavana y el bloque del Frente Chaqueño, extiende por dos años más la protección contra desalojos en barrios populares.

Esta prórroga busca garantizar la seguridad jurídica y la permanencia en sus hogares de miles de familias chaqueñas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, en un contexto donde las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de Covid-19 aún se sienten en la región.

La diputada Pía Cavana, impulsora de la prórroga de la norma sancionada en 2020, destacó la importancia de la medida para los sectores más desprotegidos de la sociedad. "Con la aprobación de esta prórroga estamos enviando un mensaje claro: no permitiremos que nuestras familias chaqueñas sean víctimas de desalojos injustos. Esta ley asegura que quienes más lo necesitan puedan vivir sin miedo y con la dignidad que merecen", expresó.

LOS FUNDAMENTOS DE LA NORMA

En sus puntos centrales, la ley 3201-K establece la prórroga de la emergencia, ya que se extiende la vigencia de la emergencia habitacional y de infraestructura social básica por un período adicional de dos años, para continuar protegiendo a las familias vulnerables; facultades al Poder Ejecutivo para que cuente con la posibilidad de realizar inversiones en soluciones habitacionales en respuesta a la emergencia, en pos de una mejor calidad de vida de las familias beneficiarias; se suspenden las acciones y medidas que conduzcan al desalojo de inmuebles en situación de expropiación o regularización urbana y rural.

Según los fundamentos presentados en el proyecto, la protección contra desalojos forzosos es un derecho reconocido a nivel internacional, garantizado por instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cavana expresó que "atacar la pobreza es integrar los barrios populares para que el lugar donde nacemos no defina nuestro futuro. Un buen lugar para vivir es posible, justo y necesario. Esta ley es una herramienta para transformar la vida de muchas familias y hacer de los asentamientos, barrios dignos y seguros".

La legisladora agradeció el apoyo unánime de sus pares y destacó que esta es la continuidad de una política prioritaria: construir comunidad y generar oportunidades.